México lanza guía para que bancos detecten extorsiones desde cárceles
La UIF pidió a instituciones financieras identificar depósitos y transferencias sospechosas ligadas a llamadas de extorsión operadas desde penales mexicanos
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Las llamadas de extorsión hechas desde cárceles ya no solo serán perseguidas por autoridades de seguridad. Ahora también estarán bajo la lupa del sistema financiero. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, lanzó una guía dirigida a bancos e instituciones financieras para detectar patrones de depósitos, transferencias y movimientos asociados con dinero obtenido mediante extorsión telefónica.
Qué detectarán los bancos con la nueva guía anti extorsión
El documento fue elaborado junto con la Asociación de Bancos de México y pone especial atención en operaciones que, según investigaciones oficiales, suelen originarse desde centros penitenciarios. Entre las alertas que deberán monitorear las instituciones financieras destacan:
- Transferencias electrónicas repetitivas entre múltiples cuentas
- Movimientos rápidos de dinero mediante aplicaciones móviles
- Dispersión inmediata de recursos tras recibir depósitos
- Operaciones inusuales en cuentas de bajo perfil financiero
- Patrones ligados a esquemas de lavado de dinero derivados de extorsión
De acuerdo con análisis de la UIF, cerca del 70% de las operaciones detectadas en casos investigados involucraron apps móviles y transferencias digitales aceleradas.
El objetivo: frenar el dinero que sale de las cárceles
La nueva estrategia busca cortar el flujo financiero detrás de uno de los delitos que más creció en México durante la última década. La extorsión es considerada por Hacienda como un delito vinculado a operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que el dinero obtenido suele ocultarse y circular dentro del sistema bancario formal.
La guía establece que los oficiales de cumplimiento de cada banco tendrán 60 días naturales para aprobar internamente las medidas y otros 60 días para implementarlas. El plan forma parte de la ofensiva federal para endurecer el combate a la extorsión, especialmente la que opera desde penales mediante llamadas telefónicas, depósitos bancarios y transferencias digitales.