Estafa Maestra: arranca juicio por crimen organizado y lavado

Este miércoles inició el primer juicio oral por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada en el caso de la llamada Estafa Maestra. Se trata del proceso penal de mayor gravedad en cuanto a los delitos imputados desde que arrancaron las investigaciones, y en donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido al juez penas hasta de 45 años de prisión.

Sin embargo, las personas enjuiciadas no son los principales operadores ni beneficiarios del fraude. Se trata, en cambio, de dos ex funcionarios que en mayo de 2019 testificaron sobre hechos irregulares y denunciaron toda la estructura delictiva que había hecho posible la sustracción de recursos, y aportaron pruebas de ello.

Los ex funcionarios sometidos a juicio dentro de la causa penal 400/2020 son José Antolino Orozco Martínez, ex funcionario de rango medio tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y María de la Luz Vargas, ex funcionaria de bajo rango de la Sedesol. También enfrenta juicio Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado legal de una de las compañías que recibió recursos.

La jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez será la responsable de llevar el juicio que se prevé dure varios días pues se tendrán que desahogar 37 testigos, 143 pruebas documentales, entre otros. Cabe señalar que en la audiencia intermedia los defensores lograron que varios pruebas de los fiscales fueran descartadas.

De acuerdo con la acusación presentada por la FGR, los acusados forman parte del segundo y tercer nivel de un esquema delictivo conocido como “Estafa Maestra”, que tuvo “como finalidad dispersar recursos de ambas secretarías de estado, por la cantidad, hasta ahora conocida, de $5,073,358,846.25 (cinco mil millones de pesos), con la suscripción irregular de 20 convenios generales y 44 convenios específicos”.

A Antolino Orozco se le acusa de haber firmado 1 de esos 44 convenios con la Universidad Autónoma del estado de Morelos por un monto de 77 millones, y a María de la Luz Vargas de, supuestamente, haber firmado un documento donde validó que los servicios se realizaron en ese mismo convenio (caso por el cual ya fue exonerado por un Tribunal de Justicia.

A ninguno de ellos se les acusa de haberse beneficiado con los recursos de ese único convenio, sino de haber participado en la firma del convenio irregular que luego permitió que los 77 millones fueran presuntamente lavados por otros implicados.

En su acusación el fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), David Luz Macgluf, sostiene que por ese hecho irregular Antolino Orozco y María de la Luz Vargas ameritan una sentencia agravada que alcance los 45 años de prisión.

Los defensores de los imputados han considerado que deben ser absueltos pues, en el caso de Luz Vargas ni siquiera firmó el documento que se sostiene en la acusación, mientras que Antolino asegura que sus firmas fueron falsificadas por la organización delictiva que operó el esquema delictivo.

¿Y los líderes de la estafa?... borrados

En la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020 que dio pie a la referida causa penal se identifica como líder de la estructura delictiva de la Estafa Maestra al ex oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu, Emilio Zebadúa González.

En sus declaraciones de mayo de 2019 asentadas en dicha indagatoria el referido Antolino Orozco dio detalles de la organización de al menos 15 personas encabezadas por Zebadúa, compuesta por funcionarios y particulares, que se dedicó a organizar un sistemático saqueo de recursos públicos a través de la firma de convenios irregulares, falsificación de firmas, simulación de convenios, suplantación de identidad, entre otros.

Luz Vargas, por su parte, reveló los detalles de un encuentro en octubre de 2018 en oficinas de Zebadúa en Tenysson 125, en el que este junto con sus abogados les mintió sobre las observaciones de los auditores y los supuestos comprobables de los servicios, y les pidió recurrir a una estrategia legal cuya finalidad era protegerlo a él.

En la misma indagatorita se encuentra la denuncia de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en la que se denuncian operaciones de lavado de dinero relacionadas con la presunta Estafa Maestra en contra de Emilio Zebadúa y de sus dos hermanos Lourdes y José Ramón. Se advierte que hicieron transferencias y gastaron decenas de millones de pesos cuyo origen no es legalmente justificable.

Sin embargo, al judicializar el caso y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes el entonces fiscal federal Federico Amezcua excluyó los nombres de Zebadúa y de sus hermanos. Lo anterior, según lo revelado en el reportaje “La Estafa de la Estafa”, gracias al pago de sobornos y tráfico de influencias que Zebadúa.

En su lugar se colocó como presunta líder de la estructura delictiva a la exsecretaria de Estado Rosario Robles Berlanga, a quienes testigos señalaban de no haber actuado para frenar las operaciones de su oficial mayor. Sin embargo, pese a que el juez del Altiplano sí le concedió la orden a Amezcua, ni este ni la FGR la cumplimentaron aun cuando Robles estaba plenamente localizada Y bajo prisión preventiva por otro caso.

Ampliar

Catorce meses después de librada la orden de arresto la defensa de Robles promovió un amparo en contra de esta. Tras las diversas instancias de revisión e impugnaciones un tribunal colegiado determinó eliminarla al considerar que el caso estaba pobremente fundamentado de origen.

Entre las inconsistencias se destacó que, por ejemplo, la FGR dice que la presunta organización delictiva liderada por Robles había desviado más de cinco mil millones de pesos, pero luego todas las pruebas e imputaciones se centraran en uno solo de los 44 convenios firmados por 77 millones de pesos.

Otro acusado de relevancia en el caso era el exrector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, a quien también se le giró una orden de aprehensión. No obstante, a través de un juicio de amparo y por razones similares a la de Robles, un juez federal y un tribunal terminaron cancelando dicho mandamiento.

Hasta la fecha la FGR ha conseguido judicializar más de 25 carpetas de investigación relacionadas a casos de la Estafa Maestra, pero todas ellas por delitos como ejercicio indebido del servicios público al haberse firmado convenios fuera de la normal. Este caso por delincuencia organizad ay lavado es el único distinto en cuanto a los delitos.

No hay, hasta la fecha, ningún proceso judicializado por acusaciones de peculado o enriquecimiento ilícito.