Será hasta enero cuando la SCJN resuelva controversia de Guardia Nacional

México

Será hasta el primero de enero del 2024 cuando se defina si el manejo de la Guardia Nacional (GN) vuelve a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no a las fuerzas armadas, de acuerdo con el plazo fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que en abril pasado los ministros invalidaron el traslado de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"De tal suerte que, en ese plazo, las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional, corresponde a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada", señala el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara.

Y es que cuando se discutieron los efectos de esta decisión, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso inicialmente que el fallo tuviera aplicación desde el primero de diciembre de este mismo año, pero durante el análisis se hizo notar que el traslado de las responsabilidades de la GN de una secretaría a otra implicaría previsiones financieras que sólo serían posibles en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2024.

"De tal suerte que, en ese plazo, las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional, corresponde a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública. Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado en forma plena, paulatina y ordenada", señaló González Alcántara.

Y es que al resolver la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por senadores de oposición, la Corte invalidó la parte nodal de las reformas legales que permitían integrar a la GN dentro de las Fuerzas Armadas.

De tal suerte que en el PEF 2024 se contempló un presupuesto de 37 mil 810 millones 495 mil 53 pesos etiquetados a la SSPC, destinados a la "operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos."

La decisión de los ministros se fundó en el artículo 21 de la Constitución donde se define a la GN como una institución de seguridad pública de carácter civil. Por lo que, sin reformar este precepto constitucional, no era posible ponerla bajo el control administrativo, operativo y jerárquico de la Sedena.

Como parte Parte de las reformas a la GN que no fueron modificadas por la SCJN incluyen la obligación de las Fuerzas Armadas de presentar un informe semestral al Senado sobre su participación en las tareas de seguridad pública.