Inhabilita SFP por 10 años a Luis Videgaray Caso
El ex titular de Hacienda durante el gobierno de Peña Nieto fue sancionado “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales"
Inhabilita SFP por 10 años a Luis Videgaray Caso / W Radio (Cuartoscuro)
México
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público al ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, tras acreditarse su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Mediante un comunicado la dependencia informó que esta decisión se tomó “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”, desde diciembre de 2012 a septiembre de 2016.
Como se recordará desde junio de 2019, la SFP ordenó iniciar una investigación patrimonial del ex funcionario, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
“El resultado de la misma ya ha sido notificado al involucrado desde mayo pasado, pero el anuncio correspondiente se realiza hoy una vez que ha pasado la jornada electoral”, informó la secretaría en el comunicado.
Como lo ha señalado reiteradamente el Presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, Agronitrogenados es una planta chatarra que tenía 14 años sin operar, misma que a pesar de ello fue comprada por Petróleos Mexicanos (Pemex), quien le destinó unos 475 millones de pesos para comprar activos y rehabilitarla y que ha significado pérdidas económicas desde su adquisición.
De acuerdo con la Función Pública esa inhabilitación, es la pena máxima que permite la aplicar la ley en estos casos y es el resultado únicamente del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales del servidor público, con independencia de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades.
