En Edomex, donde se aplica prisión oficiosa al 100% de los detenidos, solo el 2% acaban con sentencia
Prisión preventiva oficiosa ha disparado el hacinamiento en la entidad, pero no resuelve impunidad.
FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM
Esta semana los 32 gobernadores del país firmaron y enviaron un recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que solicitan que NO se elimine la prisión preventiva oficiosa, pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo ordena. Argumentan que dicho encarcelamiento automático forma parte de una supuesta política que facilita “el esclarecimiento de hechos delictivos”.
La petición fue secundada en su conferencia de ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa “significaría impunidad”.
Pero la pregunta es: ¿Realmente la prisión preventiva oficiosa ha propiciado que ya no haya impunidad y se esclarezcan los delitos como dice López Obrador y los gobernadores? ¿Tiene algo que ver con todo eso?
En Expedientes de Así las Cosas PM revisamos y cruzamos los datos oficiales de tres censos del INEGI y la estadística penitenciaria de la Secretaría de Gobernación y podemos confirmar que la prisión oficiosa no solo no resuelve la impunidad, sino que agrava el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Para llegar a esta conclusión centramos el estudio en el estado de México, no solo porque es la entidad más poblada del país, sino que de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de justicia Estatal es la entidad donde se aplica con mayor proporción la prisión oficiosa.
De hecho, el 100% de las personas que están en prisión preventivas en cárceles mexiquenses es porque se les impuso la prisión automática. No hay ninguna por prisión justificada. Un dato que contrasta, por ejemplo, con el de Querétaro donde solo el 33% de las personas privadas de la libertad sin sentencia están con prisión oficiosa, mientras que el resto están porque se justificó el riesgo que representaban.
En este escenario “ideal” (para el gobierno) de prisión automática que prevalece en el estado de México, ¿realmente no hay impunidad? Veamos:
Los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia de INEGI 2023 nos dicen que en un periodo de un año completo la fiscalía de la entidad inició o continuó carpetas de investigación en contra de 366 mil 117 personas por su probable responsabilidad en algún delito. Ese es nuestro universo total.
En ese mismo periodo los datos revelan que 67 mil 851 personas fueron imputadas por el Ministerio Público mexiquense ante un juez por alguno de esos delitos. Esto, ya de entrada, es apenas el 18 por ciento del total de los que estaban investigados. Y de todos ellos 40 mil 973 quedaron efectivamente vinculados a proceso, que significa solo el 11 por ciento de lo que estaba siendo indagados.
Dicho de otra forma: casi el 90 por ciento de las personas indagadas por un delito en el estado de México ni siquiera fueron imputadas y procesadas ante un juez. Por lo tanto, la prisión preventiva oficiosa, que solo aplica para quienes sean procesados, no sirve en absoluto para esclarecer la mayoría de los delitos, ya que esto se encuentran atorados, en trámite, en fases iniciales de investigación.
Ahora, el Censo Nacional de Impartición de justicia Estatal 2023 de INEGI nos muestra que en ese mismo año en el estado de México un total de 7 mil 478 personas recibieron una sentencia condenatoria por algún delito, casi la mitad de ellos sin ir a juicio sino declarándose culpables. Aun sumándolos a todos esta cifra representa, en proporción, apenas un 2 por ciento del universo total de investigados.
En síntesis: en el estado de México, donde por regla se aplica la prisión preventiva oficiosa (sin justificar) al cien por ciento de las personas procesadas, solamente 2 de cada 100 responsables de un delito recibe una sentencia condenatoria por lo que presuntamente hizo. Prevalece una impunidad del 98 por ciento.
Y lo que reina es el hacinamiento
El estado de México, donde se aplica la prisión automática como regla general, es por mucho la entidad del país con el mayor problema de sobrepoblación en sus centros penitenciarios, de acuerdo con la estadística penitenciaria de la Secretaría de Gobernación.
Al último corte de marzo pasado, la cifra de personas privadas de su libertad en dicha entidad es de 35 mil 300. Todas ellas recluidas en 23 centros penitenciarios del estado que tienen capacidad, como máximo, para 14 mil 327 personas. Es decir, hay un nivel de hacinamiento que sobrepasa el 146 por ciento.
El problema es tal que ni duplicando los espacios disponibles en las cárceles del estado de México se lograría terminar con el nivel de sobrepoblación existente.
Solo Nayarit presenta un nivel similar de hacinamiento con un 134 por ciento, aunque su cifra de internos es bastante menor. De hecho, hay 16 estados en donde no se registran problemas de sobrepoblación.
En contraste en Querétaro, la entidad en donde la prisión oficiosa solo se aplica en el 33 por ciento de los casos pues el resto son prisiones justificadas, la cifra de personas encarceladas (3 mil 76) es inferior a la de espacios disponibles en sus cárceles (3 mil 463). El nivel de ocupación es inferior al 90 por ciento.
Pérez de La Rosa Zaira Raquel Mayumi
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Links:
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2023/#tabulados
