Ejidatarios de El Zapote levantan queja ante la CEDHJ

Su abogado los declaró "Presos Políticos"

Por: Víctor Ramírez

 El abogado de los 12 ejidatarios de El Zapote detenidos la semana pasada tras el desalojo de unos terrenos del Aeropuerto, Maximiliano Lomelí, denunció que fue arbitraria e ilegal por parte del Fiscal General, Eduardo Almaguer, quien no respetó las suspensiones otorgadas por las autoridades federales y estatales, por lo que ya presentaron sus quejas ante la Comisión Estatal de derechos Humanos.

 “En el caso de la Policía Federal que estaba ahí, en ningún momento, si ustedes se percataron, ellos actuaros. Es decir, se mantuvieron al margen de cualquier situación legal, en este caso o de intervenir en el posible desalojo se los ejidatarios. Quien actuó de manera premeditada y dolosa fue la Fiscalía del Estado. En el transcurso de la manifestación pacífica de los ejidatarios, cinco abogados estuvieron declarando con las autoridades a nombre de los ejidatarios”.

 Agregó que hasta el líder de los ejidatarios Nicolás Pedroza, contaba con un amparo que impedía ser detenido y hasta este documento se ignoró y lo rompieron los estatales, y que debido a que los delitos que se les imputa a los 12 detenidos del Ejido El Zapote no son graves y debieron haberlos puesto en libertad para seguir su juicio en la calle. El abogado Maximiliano Lomelí, aseguró que desde esa fecha se convirtieron en preso  políticos ya que según el Ministerio Público les dijo que tenía órdenes superiores de no dejarlos salir, por lo que se irán a otras instancias para denunciar este atropello.

“En este momento puedo decirlo, lo que dicta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos 12 presos políticos. Por eso me ha otorgado don Nicolás y los detenidos, la voz para decirles la resistencia que el ejido de El Zapote va a llevar a cabo en presencia del tesorero don Enrique Mosqueda y de los familiares, le vamos a hacer saber a todo el mundo, lo que está pasando en Jalisco”.

Agregó que en los próximos días darán a conocer las acciones de resistencia que tendrán para defender sus derechos y les paguen Tres mil millones de pesos según un nuevo avalúo que entregaron.

 

 

 

 

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