• 10 JUN 2026, Actualizado 19:42

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Canadá busca cerrarles la puerta a las redes sociales a menores de 16 años

El gobierno canadiense presentará una Ley de Seguridad Digital que prohibiría el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa, que también contempla nuevas obligaciones para empresas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial, busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital

Redes sociales / d3sign

El gobierno canadiense presentará una ambiciosa Ley de Seguridad Digital que prohibiría el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa, que también contempla nuevas obligaciones para empresas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial, busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.

En Canadá, el debate sobre la seguridad de los menores en internet ha dado un paso decisivo. El gobierno federal anunció que presentará un proyecto de ley para impedir que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales, una medida que podría convertir al país en uno de los más estrictos del mundo en materia de regulación digital.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto que plataformas como Instagram, TikTok o Facebook pueden tener en la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes. Para las autoridades, el objetivo es claro: reducir los riesgos asociados a la exposición temprana a contenidos nocivos y a dinámicas que pueden derivar en adicción, acoso o autolesiones.

Canadá busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años / Anadolu

Una ley para proteger a los más jóvenes

El proyecto, denominado Ley de Seguridad Digital, podría ser presentado ante el Parlamento canadiense en las próximas horas. El ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller, aseguró que se trata de una de las principales prioridades del gobierno.

“Es obvio por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo”, declaró el funcionario al justificar la necesidad de actuar con mayor contundencia frente a los peligros del entorno digital.

La legislación no solo prohibiría el acceso a las redes sociales para menores de 16 años, sino que también establecería mecanismos para supervisar el cumplimiento de estas medidas.

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El papel de las plataformas tecnológicas

La iniciativa contempla la creación de un regulador federal encargado de fijar estándares de seguridad para las plataformas digitales. Las empresas tecnológicas deberán implementar medidas para disminuir los riesgos a los que están expuestos los menores.

Sin embargo, el proyecto abre la puerta a posibles excepciones. Aquellas plataformas que demuestren ofrecer entornos suficientemente seguros podrían solicitar autorización para admitir usuarios menores de 16 años.

Además, la ley buscará obligar a las compañías a transparentar los criterios mediante los cuales alertan a las autoridades cuando detectan usuarios con intenciones de autolesionarse o causar daño a terceros.

La inteligencia artificial bajo la lupa

Otro de los puntos más relevantes es la inclusión de disposiciones relacionadas con los chatbots de inteligencia artificial.

Adolescentes usando el celular / Xavier Lorenzo

La propuesta tomó fuerza tras la tragedia ocurrida en febrero en Tumbler Ridge, Columbia Británica, donde un atacante asesinó a ocho personas, entre ellas seis niños. Posteriormente se reveló que conversaciones preocupantes mantenidas con ChatGPT habían sido detectadas internamente, pero no notificadas a las autoridades.

Una medida respaldada por la sociedad

De acuerdo con una encuesta del Instituto Angus Reid, el 75% de los canadienses apoya una prohibición total de redes sociales para menores de 16 años. Asimismo, el 94% manifestó preocupación por los efectos de estas plataformas en la salud mental y los riesgos de adicción entre los jóvenes.

Si la legislación es aprobada, Canadá se sumará a países como Australia, que ya han endurecido sus restricciones digitales, marcando un nuevo capítulo en el debate global sobre cómo proteger a las nuevas generaciones sin comprometer derechos fundamentales.

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