Dan revés a AMLO en extinción de fideicomisos del PJF
Una jueza otorgó una suspensión provisional que frena la extinción de éstos.
México
La jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, concedió una suspensión provisional a jueces y magistrados federales, con la cual se frena la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que ascienden a poco más de 15 mil millones de pesos.
El pasado 27 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma por la que se eliminan 13 fideicomisos del Poder Judicial que acumulan más de 15 mil millones de pesos.
El dictamen “que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fideicomisos y fondos”, fue aprobado por la Cámara de Diputados hace dos semanas y enviada al Senado, donde también fue aprobada la semana pasada.
Fue el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quien dio a conocer dicha acción.
“Hoy, las juzgadoras y juzgadores federales notificamos a la sociedad civil y a todo el personal que labora para la Judicatura Federal, que en el juicio de amparo indirecto número 1754/2023, promovido por la representación de esta Asociación, una juzgadora federal con competencia constitucional en la Ciudad de México, ha concedido la suspensión provisional del Decreto que propone eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el veintisiete de octubre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación”.
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Detalló que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial se dirimirá por medio de un juicio y no a través “de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno”.
Esto es un derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal, con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes.