Solicita SCJN 4% de aumento, ministra Piña presenta presupuesto 2024

México

El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia prespuestal no implica una política de austeridad sino nos lleva al debilitamiento del Estado de Derecho, reprochó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC JN) y del Consejo de la Judicatura Federal Norma Lucía Piña Hernández.

“La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia Federal en 2024 representa en promedio 1.8 pesos diarios por mexicano, lamentablemente la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, reprochó Piña Hernández.

Al encabezar la Sesión solemne conjunta de los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con motivo de la presentación del presupuesto del Poder Judicial, su titular, dijo que para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, se está solicitando un incremento real del 4 por ciento respecto del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país.

Reprochó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos. En el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4 por ciento en términos reales, lo cual destacó, no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.

“La asignación presupuestal del poder judicial federal en nuestro diseño constitucional responde a un indispensable ejercicio de contrapesos entre los poderes ejercicio que si bien debe atender el principio de estabilidad financiera lo cierto es que encuentran límites muy claros en la propia norma suprema”, justificó Piña Hernández

Al tocar el rubro de la seguridad personal, que tanto ha criticado el Ejecutivo Federal, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF Piña Hernájndez anunció que se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integran el Poder Judicial Federal, pues señaló que, “impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”, justificó.

Además advirtió que el año entrante, el proceso electoral 2023-2024 que implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular, exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral, pues sólo así, se podrá garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática, sentenció.

También dijo que para el próximo año, también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales debido a la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Este modelo, justificó, deriva de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano en la suscripción del T-MEC.

Por último manifestó su esperanza en que el Poder Legislativo sea consciente y asigne los recursos que el Poder Judicial Federal necesita pues de lo contrario advirtió, que la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.

“En el proyecto de presupuesto del Poder Judicial Federal que se va a enviar para aprobación de la Cámara de Diputados, podrán ustedes encontrar una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que nos obliga —a todos los funcionarios públicos— el artículo 134 de nuestra Constitución”, finalizó.

Para la SCJN se está solicitando 6, 091.1 millones de pesos; para el CJF 74,793.3 mdp y 3,890 millones de pesos para el TEPJF, lo que suma un total de 84,792.4 MDP.