Integrantes del ANIE muestran preocupación por falta de nombramientos en INE y TEPJF
Las crisis al interior de ambas instituciones electorales impactan en su estabilidad y pone en riesgo la integridad de las elecciones en 2024
ANIE llama a los actores electorales a a respetar las leyes
En medio de la crisis por las que atraviesan las autoridades electorales, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) llamó a sus a integrantes a conducirse con legalidad, evitando las simulaciones en la aplicación de las normas, y a fomentar la cooperación para detectar y mitigar todo tipo de violencia que pueda afectar el voto libre.
En conferencia de prensa, en el marco de la presentación de la presentación del “Primer Informe de Integridad Electoral” los integrantes del ANIE pidieron al Senado de la República priorizar la designación de las dos magistraturas pendientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de las salas regionales.
En tanto que al Instituto Nacional Electoral lo exhortó a llegar a los consensos para nombrar a la Secretaría Técnica y titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades pendientes, así como garantizar que las acciones afirmativas se materialicen en la ampliación de la participación de grupos históricamente excluidos.
Reconocieron su preocupación ya que las crisis al interior de INE y el Tribunal Federal Electoral impacta en su estabilidad y pone en riesgo la integridad de las elecciones en 2024, porque encabezan el arbitraje electoral y la resolución de conflictos.
Solicitaron a las autoridades electorales y a los tres Poderes de la Unión respetar las leyes en materia electoral; las coaliciones rebasaron los montos y no solo no reportaron los gastos, sino que las sanciones contempladas no parecen tener un efecto disuasivo frente a los actores políticos que asumen ese costo como aceptable para poder avanzar en la contienda.
El informe destaca la violencia en el actual proceso electoral, puesto a que de 2018 a lo que va de 2023 se han registrado en México mil 512 eventos violentos, entre ellos ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partido.
Instaron a respetar las leyes y la justicia electoral, resolviendo los conflictos a través de los cauces institucionales y acatando las medidas cautelares, resoluciones y sentencias a cabalidad.
