Gobernadora de Campeche violentó derechos de diputadas del PRI: TEPJF
En el “Martes del Jaguar”, Layda Sansores aseguró que algunas legisladoras enviaron fotos íntimas a su dirigente, para acceder a sus cargos
México
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró, por mayoría de votos, la existencia de Violencia Política de Género atribuida a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien manifestó en el programa “Martes del Jaguar”, la supuesta existencia de fotografías de carácter íntimo de algunas diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, sostuvo que, para acceder a sus cargos, las diputadas debían enviárselas a su dirigente.
Además dichas declaraciones fueron retomadas y difundidas por diversos medios de comunicación.
Inconforme, una diputada federal del PRI acudió ante el Tribunal Electoral ya que estimó que las expresiones de la gobernadora excedieron la libre expresión y constituyeron VPG.
La Sala Superior, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y con las ausencias justificadas de la magistrada Janine Otálora Malassis y José Luis Vargas Valdez, determinó que las manifestaciones de la gobernadora afectaron los derechos político-electorales de las diputadas federales del PRI, en un contexto de VPG, ya que afectaron el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas.
Los magistrados ordenaron a la gobernadora de Campeche eliminar todas las publicaciones en las que se difunda el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales, como en las del gobierno del estado.
También se le ordenó abstenerse de emitir comentarios referentes a las fotografías de las diputadas, así como emitir una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y en su cuenta de Twitter.
La Sala Superior del TEPJF consideró que la empresa Meta, así como sus filiales Facebook, Instagram y WhatsApp, deben asegurarse de que en México se atiendan posibles actos de VPG.
También se le ordenó a la empresa Meta ampliar sus políticas para que se detecten, eliminen y reporten los casos de VPG. Esto, con la finalidad de denunciar o, en su caso, coadyuvar en el seguimiento de denuncias. Por tanto, una vez que se cuenten con esas políticas se deberán informar públicamente.