Encontrados 31 contratos de gobiernos de FCH y EPN relacionados con Pegasus
Suman alrededor de mil 970 mdp, por la adquisición de software, de hadware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos
Encontrados 31 contratos de gobiernos de FCH y EPN relacionados con Pegasus / W Radio (Captura)
México
Encuentra el gobierno federal 31 contratos firmados en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con las empresas relacionadas al uso de Pegasus, así lo dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodriguez.
En la mañanera desde Palacio Nacional la funcionaria detalló que se determinó que la Policía Federal, tenía 16 contratos, dos por parte de la Secretaría de Gobernación, con Prevención y Readaptación Social siete contratos con cuatro empresas, en Protección Federal dos más y cuatro en el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN), para ello comentó que fueron erogados más de 900 millones de pesos.
“Esos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto bajo cuya protección operaba el secretario de Seguridad Genado García Luna, pero también en el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio, ahora vamos a la afectación a las arcas públicas por lo erogado a través de estos contratos suma alrededor de mil 970 millones de pesos, esto es más de 61 millones de dólares para la adquisición de software, de hadware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos entre otros”.
La funcionaria insistió que en esta administración se acabaron esas prácticas de espionaje y se acabó la persecución. Ante ello el Jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que los documentos presentados en la conferencia, serán públicos y entregados a la Fiscalía General de la República.
De acuerdo a la presentación, entre las faltas a las que se estaría llegando por el uso de esas tecnologías se encuentra el 177 del Código Penal Federal que señala que tienen una penalidad de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa, a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, así como al 216 de coalición de servidores públicos, que marca de 2 a 7 años de prisión a los que teniendo “tal carácter se coaliguen para tomar las medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general.
