Pablo Gómez, diputado de Morena, propuso ley de Amnistía para expresidentes

Ciudad de México

El diputado de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de Ley de Amnistía para los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Propone una consulta popular y que sea la ciudadanía la que decida “sí” o “no” al olvido de los presuntos delitos cometidos por quienes ocuparon la titularidad del Ejecutivo federal entre los años de 1988 y 2018.

El vicecoordinador de la bancada de Morena, Pablo Gómez es el impulsor de dicha iniciativa que prevé cancelar la acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la federación por parte de los ex mandatarios durante sus respectivos periodos constitucionales.

"Se decreta amnistía en favor de las personas que desempeñaron el cargo de Presidente de la República dentro del tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera ejercer acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la federación durante el ejercicio de su respectivo encargo”.

En el documento publicado este lunes en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se precisa que la amnistía extinguiría las acciones penales respecto de los delitos, pero mantendría vigente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas.

Sin embargo, en la exposición de motivos, el diputado Pablo Gómez propuso convocar a una consulta pública para dirimir el tema de la amnistía a los ex presidentes.

“Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ‘ley de no olvido’, aunque ésta no estaría escrita, sino consagrada mediante el rechazo popular a la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados”.

Señaló que, si la respuesta fuera negativa permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido de la comisión de ilícitos desde la Presidencia de la República, sin menoscabar los derechos que tengan los eventuales inculpados.