Presentará Concanaco un centenar de amparos contra la CNTE
El presidente de esta confederación, Enrique Solana, exigió al Poder Judicial marcar un alto a la disidencia magisterial
México
Frente a lo que acusan como la toma ilegal de instalaciones, cierre de comercios, centros comerciales y empresas, cámaras de comercio del país ha decidido interponer unos 100 recursos de amparo contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la espera de que el Poder Judicial de la Federación instruya al Ejecutivo a poner un alto a sus acciones.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, explicó que a diferencia de los recursos legales presentados por Coparmex, en su caso se busca declarar a la CNTE autoridad sustituta para poder alegar la violación al derecho a la educación de los menores.
“Aproximadamente 100 cámaras nacionales de comercio, hemos iniciado el proceso de una demanda de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal en todo el país. Estamos pidiéndole al poder judicial que ordene la suspensión inmediata de las actividades que está llevando a cabo la CNTE. Que se regresen a sus salones y que pongan, a partir del próximo lunes, todo su empeño en educar a nuestros muchachos en estos estados
Solana Sentíes consideró que la toma ilegal de las vías de comunicación, carreteras, calles, avenidas y vías principales de diversas entidades ya repercute incluso en el ámbito de la seguridad nacional, por lo cual la demanda se interpuso también contra las secretarías de Gobernación, y de Comunicaciones y Transportes, a fin de asegurar el Gobierno Federal actúe sin retrasos contra la Coordinadora.
“Que este grupo de inconformes no solo se ha desviado de su principal objetivo, sumando más demandas a su lista y con un propósito franco de alargar el conflicto, sino que además han llevado al extremo sus acciones”.
Se dijo por parte del empresariado que su exigencia para marcar el alto a la conducta intransigente y sectaria de la CNTE ante la reiterada violación a derechos humanos y el derecho a la propiedad.