Extorsión termina pagada por visitantes en Riviera Maya: Adriana Varillas

Riviera Maya

Extorsión llega a ser presupuestada por las empresas y al final del día el vacacionista es quien termina pagando ese "impuesto criminal" que ronda entre los 200 pesos y 100 mil, afirma la periodista Adriana Varillas, tras su investigación hecha para México Evalúa.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Adriana compartió su investigación titulada "Quintana Roo: De 200 pesos a los 100 mil; la extorsión de la que nadie se libra" y es que afirma que este delito afecta desde el taquero de la esquina hasta a los grandes empresarios de la Riviera Maya.

Detalla que tras el reportaje pudo confirmar que la extorsión conocida como cobro de derecho de piso, es un secreto a voces ejercido por la delincuencia organizada y opera principalmente en Playa del Carmen generando una situación que había llegado a puntos complicados y se agudizó con la pandemia, pues la crisis afirma, también pegó a la delincuencia.

Y aunque la extorsión telefónica también existe, el cobro de derecho de piso es el que infunde más miedo entre los empresarios, pese a ello algunos han sido conscientes de que deben denunciar para que la autoridad no se confíe y no actúe debidamente.

Este impuesto criminal que en ocasiones es suplantado por grupos pequeños que imitan a los grandes grupos criminales, se impone a los empresarios y comerciantes, pero a final de cuentas se traslada a lo que la gente que visita estos lugares pagan por estar ahí. Es tan normalizado que las propias empresas lo tienen presupuestado.

Y aunque en las cifras oficiales el delito va a la baja, no dice mucho, pues el 99% de los casos de extorsión o son denunciados debido al terror.

Recientemente dijo se autoridades acordaron con empresarios de la Riviera Maya la denuncia de hechos y la activación de operativos en playas de Cancún para sanear los espacios de extorsión y narcomenudeo entre otros, y ya hay detenciones lo que genera confianza en los empresarios.

La vigilancia militar dictada por el gobierno federal a partir del día 1 de diciembre, derivado de los enfrentamientos en Tulum y Puerto Morelos, que afectaron al turismo, ha generado controversia, pues lo que para algunos es mayor seguridad, para otros el exceso de presencia militar le dice al turista que algo malo está pasando, concluye.