Amplía Hacienda vigilancia antilavado a familiares y socios de políticos
Las personas políticamente expuestas estarán sujetas a vigilancia reforzada, incluyendo a funcionarios extranjeros, familiares cercanos y socios con vínculos patrimoniales.
Hacienda amplió el alcance de las medidas para prevenir el lavado de dinero al establecer una vigilancia reforzada sobre las llamadas Personas Políticamente Expuestas. / Anadolu
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplió el alcance de las medidas para prevenir el lavado de dinero al establecer una vigilancia reforzada sobre las llamadas Personas Políticamente Expuestas, conocidas como PPE.
Las nuevas reglas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ya no se limitan a políticos y funcionarios públicos mexicanos, sino que incluyen también a funcionarios extranjeros, familiares cercanos y socios de empresas vinculadas patrimonialmente con estas personas.
El cambio forma parte de las modificaciones a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, derivadas de la reforma aprobada en 2025.
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Nuevas medidas para prevenir el lavado de dinero
Uno de los principales cambios es que las obligaciones de vigilancia dejan de concentrarse únicamente en las instituciones bancarias y se extienden a todas las actividades consideradas susceptibles de lavado de dinero.
Entre ellas están los juegos con apuestas, concursos y sorteos; tarjetas de crédito, servicios y vales; cheques de viajero; actividades inmobiliarias; comercialización de arte; compraventa de vehículos; traslado o custodia de dinero y valores; servicios notariales; asociaciones civiles y operaciones con activos virtuales.
La nueva regulación define como Persona Políticamente Expuesta a quien desempeñe o haya desempeñado funciones públicas en México o en otro país, incluidos jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, directivos de empresas estatales y dirigentes de partidos políticos u organizaciones internacionales.
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Familiares y socios también serán considerados
Además, para los políticos y funcionarios mexicanos, la clasificación como PEP no termina inmediatamente después de abandonar el cargo: se mantiene durante el año siguiente a la conclusión de sus funciones.
La regulación considera como personas asimiladas a PEP al cónyuge, concubina o concubinario y a personas con parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, además de asociados o socios de personas morales con las que exista un vínculo patrimonial.
Con ello, Hacienda amplía de manera significativa el universo de Personas Políticamente Expuestas que deberán ser identificadas y sujetas a medidas reforzadas de prevención y detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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ahz.