Madre de Naasón solicita juicio independiente y busca que se desechen cargos en Nueva York

Eva García de Joaquín, quien enfrenta junto con su hijo Naasón Joaquín cargos por delincuencia organizada y trata de personas en una corte federal de Nueva York, solicitó formalmente que su caso sea separado del proceso principal y, además, pidió que se desechen total o parcialmente las acusaciones que pesan en su contra.

En una moción presentada ante la jueza federal Loretta A. Preska, encargada del caso, la defensa de la mujer, de 80 años de edad, sostiene que la investigación de la fiscalía está enfocada principalmente en las presuntas acciones de Naasón Joaquín y de su fallecido esposo Samuel Joaquín Flores, no en conductas atribuidas directamente a ella.

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La acusación del gobierno plantea que Naasón heredó un sistema de abusos y conductas ilícitas que habría comenzado con el fundador de La Luz del Mundo y posteriormente habría continuado Samuel Joaquín, padre de Naasón y esposo de Eva García. A partir de ello, los abogados argumentan que la fiscalía intenta responsabilizar indirectamente a su clienta por las presuntas acciones de quien ya no puede ser procesado.

“La Sra. de Joaquín se encuentra en este caso no por ninguna acusación creíble sobre su propia culpabilidad; más bien, es la figura interpuesta de uno de los verdaderos objetivos del gobierno, Samuel Joaquín Flores, el difunto esposo de la Sra. de Joaquín”.

—  Priya Chaudhry, abogada de Eva García de Joaquín

La defensa sostiene además que la acusación carece de elementos concretos que permitan establecer cuál fue la participación específica de Eva García de Joaquín en los hechos denunciados. Destaca que, de los siete cargos contenidos en la acusación, únicamente dos hacen referencia a ella.

Según Chaudhry, la fiscalía pretende vincular a su clienta con el caso principalmente por su condición de madre de Naasón y figura relevante dentro de la iglesia, pese a que buena parte de la evidencia presentada —incluido material gráfico relacionado con presuntos abusos sexuales— corresponde a hechos en los que ella no habría intervenido.

Por ello, la defensa considera indispensable que el juicio se lleve por separado, ya que mantener a Eva García de Joaquín en el mismo proceso que su hijo podría provocar que el jurado la responsabilice por asociación, debido al peso y la naturaleza de las acusaciones dirigidas contra los principales señalados.

“Es una mujer de edad avanzada, padece deterioro cognitivo y es físicamente frágil… Juzgarla junto a las figuras centrales de un escandaloso proceso penal por abuso sexual, de múltiples cargos y que abarca décadas —por cargos que, en su mayoría, no dicen nada sobre ella— convertiría el juicio en un ejercicio de culpabilidad por asociación”.

—  Priya Chaudhry, abogada de Eva García de Joaquín

Solicita eliminar acusaciones

En un segundo apartado de la moción, la defensa también solicita que el tribunal analice la posibilidad de desechar algunos o todos los cargos, bajo el argumento de que la acusación presenta deficiencias jurídicas y técnicas que, a su juicio, invalidan parte del caso construido por la fiscalía.

Uno de los principales planteamientos es que la acusación por delincuencia organizada incluye hechos presuntamente ocurridos fuera de Estados Unidos, los cuales, según la defensa, no pueden ser perseguidos bajo criterios de jurisdicción extraterritorial.

La abogada sostiene que las escasas referencias específicas a Eva García de Joaquín corresponden a hechos supuestamente ocurridos en México durante la época en que Samuel Joaquín dirigía la iglesia, pero sin precisar fechas, lugares o delitos concretos que puedan ser perseguidos por autoridades estadounidenses.

Asimismo, al igual que la defensa de Naasón Joaquín, los abogados de Eva García argumentan que la acusación relacionada con trata de personas vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, al basarse en una interpretación de las creencias religiosas de La Luz del Mundo.

De acuerdo con la fiscalía, las presuntas víctimas aceptaban mantener relaciones sexuales con Naasón, Samuel y el fundador de la iglesia porque se les hacía creer que ello era necesario para acercarse a Dios y que negarse implicaría una condena espiritual. Esa teoría ha sido descrita por los fiscales como un mecanismo de “coacción espiritual”.

Para la defensa, ese planteamiento supone calificar como ilegítimas o corruptas determinadas creencias religiosas, lo que —afirman— entra en conflicto con las protecciones que garantiza la Primera Enmienda.

“El núcleo de la teoría de coacción del gobierno, en lo que respecta a la Sra. de Joaquín, así como a los demás acusados, depende de la teoría del gobierno sobre la presunta corrupción de la doctrina y la cultura eclesiástica de la LLDM. En otras palabras, la supuesta conducta coercitiva consistió en un presunto uso indebido de creencias de carácter espiritual. Eso de acuerdo con la ley estadounidense no es imputable”.

—  Priya Chaudhry, abogada de Eva García de Joaquín

El siguiente paso

La petición presentada por Eva García de Joaquín se suma a la estrategia jurídica emprendida previamente por la defensa de Naasón Joaquín, que también promovió diversas mociones para intentar evitar que el caso avance hacia un juicio, previsto tentativamente para marzo de 2027.

El siguiente paso será que la fiscalía responda por escrito a los argumentos planteados por la defensa. Posteriormente, los abogados de los acusados tendrán oportunidad de presentar una réplica antes de que la jueza determine cómo proceder.

Concluido ese intercambio de escritos, la jueza Preska podrá convocar a una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes o bien emitir directamente una resolución sobre las solicitudes planteadas.

No obstante, la jueza ya ha manifestado anteriormente reservas frente al argumento de que las acusaciones por abuso sexual y trata de personas deban desecharse por involucrar creencias religiosas. Al rechazar una solicitud previa de Naasón Joaquín para acceder a materiales reservados del gran jurado, sostuvo que no existe impedimento constitucional o legal para que las autoridades investiguen y persigan delitos sexuales, independientemente del contexto religioso en el que presuntamente ocurrieron.