CON ENRIQUE HERNÁNDEZ ALCÁZAR. La impunidad motivó a la CIDH a otorgar medidas cautelares a jesuitas

Chihuahua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 11 integrantes de la comunidad jesuita, a 8 meses de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, el 20 de junio de 2022.

Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, dijo en entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, que el motivo principal de la decisión del organismo internacional es la impunidad en México, que no logró romper ni la indignación local nacional e internacional que generaron estos hechos.

La comunidad jesuita está buscando justicia, no por un afán de que haya castigo al perpretador en sí mismo como finalidad, sino porque entienden que, si un evento que estremeció tanto a nivel regional no tiene consecuencias, el mensaje de permisividad ante la violencia en la región es muy nocivo para las comunidades y las va a mantener en la zozobra

Compartió que la CIDH señala que no se ha establecido un sistema integral de seguridad.

"Y señala que a ello han contribuido las declaraciones estigmatizantes de funcionarios de alto nivel, que ante la legítima existencia de justicia de parte de la comunidad jesuita respondieron haciendo críticas a las posiciones que ha sostenido en el pasado reciente la iglesia, como las declaraciones que hubo de parte del presidente de la República en su momento"

Santiago Aguirre dijo que la CIDH señala que tendría que haber una acción más decidida de la justicia y recordó que la impunidad es común en la mayoría de los crímenes en nuestro país, cuyos casos no tienen la misma repercusión. Por ello, dijo, los jesuitas apuestan a la memoria.

Finalmente, señaló que para los defensores de Derechos Humanos es muy agraviante que desde el poder se asegure que ya no hay impunidad, que ya no se permite, cuando día con día constatan que la impunidad sigue siendo una condición generalizada y en momentos donde no se sabe el paradero del abogado Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz, defensor comunitario nahua de Michoacán.

"Ese es el México real, que no se quiere reconocer en los discursos oficiales ni a nivel federal ni a nivel de los estados y que los organismos civiles estamos obligados a seguir señalando", finalizó.