Buscará AMLO reformar al poder judicial… “no tiene remedio está podrido"

Nueva lluvia de críticas lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del poder judicial después, que la Suprema Corte de Justicia, invalidó por nueve votos la primera parte de la reforma electoral conocida como el “Plan B”.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario reiteró que ya se alista el “Plan C” porque dijo ese, ya es un poder que no tiene remedio y es que lamentó que los jueces hayan enmendado la plana a quienes los eligieron.

“Ahí viene el C, no tienen remedio el poder judicial está podrido, están actuando de manera facciosa, imagínense, componerle la plana al poder legislativo, es de sentido común, de juicio práctico, el poder ejecutivo lo elije el pueblo a mí me eligieron, al poder legislativo lo mismo, se elige a los diputados y senadores, el poder legislativo nombran a los ministros de la corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen”.

Y a pesar que antes decía no, este martes enfatizó que se dio cuenta que es necesario que la Presidencia impulse la reforma que requiere el poder judicial por lo que comentó que en septiembre, enviará un proyecto al Congreso.

“Y de una vez, también, anuncio… septiembre antes de que yo termine, la del poder judicial para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la constitución liberal de 1857, la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo… ya me di cuenta que hace falta, es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal que los elige el pueblo, afianzar la democracia, la reforma al poder judicial ahí se va a buscar el mecanismo cuando se presente la iniciativa, puede ser que el mismo poder judicial tenga la posibilidad de presentar candidatos”.

Comentó que con una lista, los mexicanos podrían conocer los perfiles de quienes se postulen, sin embargo explicó que su propuesta se dará en 2024 para tener primero implementado el “Plan C” logrando tener 334 diputados a favor de la cuarta transformación y 85 senadores.

“Ese es el plan C, primero tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso, si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense, a la hora de votar, que sea no sólo para el Presidente o la Presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la Presidencia como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso pero no como no tenemos las dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos”.

Y aunque no aceptó que fuera una advertencia, comentó que verá si el actuar de los jueces no afecta su próximo presupuesto validado en San Lázaro para evitar gastos innecesarios como los destinados en sus fideicomisos.

“Tienen fideicomisos que no transparentan por 20 mil millones de pesos, vamos a ver si ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto a ver qué va a hacer la Cámara de Diputados, si van a seguir manejando sin transparencia esos 20 mil millones de pesos, está muy bien el debate, qué bueno que todo esto está saliendo a flote porque permite seguir limpiando, permite seguir purificando la vida pública”.

Cuestionado si lo decepcionó la actitud del ministro Arturo Zaldivar, quien fue uno de los nueve ministros que votaron por validar el proyecto presentado por Alberto Pérez Dayán, comentó que existieron muchas presiones.

“No, no, es que hay un entorno, muy conservador, muchas presiones, muchas presiones de el bloque conservador que tiene uno de sus brazos en la abogacía, es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía”.

Ante ello dijo la reforma al poder judicial va antes de concluir esta administración junto con otros temas que dijo serán sociales, como el que se eleve a rango constitucional la entrega de apoyos económicos a las personas con discapacidad.