En la CDMX 302 adolescentes accedieron a la interrupción legal del embarazo
La CDHCDMX puntualiza que el aborto legal aún presenta retos
La CDHCDMX dijo que el aborto legal también representa un logro de los movimientos de mujeres y feministas(Cuartoscuro)
Ciudad de México
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) informa que 302 adolescentes entre 13 y 18 años, residentes de la Ciudad de México, recurrieron al servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante el 2022.
El organismo local puntualiza que la mayoría de esta población se concentra en las Alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.
A 16 años de la aprobación de las reformas legales sobre la ILE en la Ciudad de México, existen diversos retos, indica la CDHCMX, como la accesibilidad física y centralización de los centros de salud, clínicas y hospitales que prestan este servicio.
“Otro es la obstaculización de acceso bajo estrategias políticas y jurídicas, así como el mal empleo de la objeción de conciencia por el personal médico. Un reto en común a escala nacional es el relativo a la falta de datos de servicios de ILE prestados, a la par de la regularización de normativas locales y secundarias para su garantía”, asegura la Comisión.
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Durante la conmemoración del aniversario de las reformas legales sobre la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, el organismo llamó a las autoridades locales a garantizar este derecho de manera progresiva, equitativa y con perspectiva de género y juventudes en el territorio de las 16 alcaldías.
“El derecho de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo se recoge en la legislación como un derecho humano que impacta la esfera reproductiva, ya que pone en el centro la voluntad de las mujeres y personas gestantes, pero también representa un logro de los movimientos de mujeres y feministas en la reivindicación de la agencia sobre sus propios cuerpos”, agrega la CDHCMX.
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La tipificación del aborto en Códigos Penales no es efectiva para la tutela de algún derecho, destaca la Comisión, sino que el abordaje jurídico y social debe ser visto desde la garantía del derecho a la salud reproductiva con miras a su progresividad y gratuidad.
