Cámara Diputados México. Proponen cárcel para funcionarios y políticos que fomenten discurso de odio
Las sanciones irían de uno a tres años de prisión
Proponen cárcel para funcionarios y políticos que fomenten discurso de odio(FOTO: Getty Images)
Ciudad de México
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para castigar con tres años de cárcel o 300 días de trabajo comunitario y hasta 200 días multa, equivalente a unos 18 mil pesos, a servidores públicos, funcionarios partidistas o personajes públicos que promuevan, fomenten, justifiquen o inciten el discurso de odio, intolerancia y hostilidad.
La legisladora Adriana Dávila, propone cambios al Código Penal Federal; y a las Leyes General de Responsabilidades Administrativas, y para prevenir y eliminar la Discriminación.
Consideró que expresiones para definir a quienes piensan diferente como “adversarios” están avanzando, y el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza a las minorías y a la oposición.
De esta manera, aseveró, el discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz.
La diputada panista, aclaró que hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia.
En la iniciativa, publicada en la gaceta parlamentaria, Adriana Dávila, propone que se aplique una sanción de uno a tres años de prisión cuando servidores públicos, funcionarios partidistas o personajes públicos en cual cualquier medio, realicen todas las formas o expresiones que difundan ideas que promuevan, fomenten, justifiquen o inciten al discurso de odio.
Por tanto, los servidores públicos deberán observar los principios de disciplina, legalidad, respeto, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
