Cámara Diputados México. Endurecen penas contra comerciantes abusivos en pandemias o desastres

La Cámara de Diputados aprobó con 465 votos a favor, sancionar hasta con 15 años de prisión y multas hasta por 15 mil días a productores, distribuidores, comerciantes o cualquier intermediario que aumente o acapare los precios de los artículos de consumo necesario, como productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, durante un desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, expuso las reformas al Código Penal Federal que endurecen las penas a los productores, distribuidores y comerciantes abusivos que generan altos precios y escasez de productos indispensables para enfrentar la contingencia y que dañan la economía popular.

“Es frecuente que estos insumos, relativos a medicamentos, a cubrebocas, a tanques de oxígeno, a productos de aseo y limpieza sean ofrecidos al público por el doble, el triple o mucho más de su valor normal, o de su valor real. Lo que es mucho peor, es que han sido acaparados por los mismos que los ponen a su venta para generar escasez en situaciones como la que estamos viviendo de pandemia, en desastres naturales, en contingencias sanitarias”.

Por su parte, el diputado del PAN, José Elías Lixa, quien presentó la iniciativa, argumentó que durante la pandemia se ha registrado un incremento injustificado y desmesurado de productos de primera necesidad, el ejemplo claro es el gel antibacterial y los cubrebocas, pero también el tanque de oxígeno que se terminó volviendo un producto exclusivo.

“Puede elevar su costo hasta 10 veces y se vuelve un producto que no está al alcance de todas las personas. Desde que inició la pandemia advertimos que el incremento de costos se estaba dando en todos los rincones del país y que es necesario poner un límite para erradicar estas prácticas que hoy son normales de hacer negocio con el dolor de otros seres humanos”.

En Tribuna, José Elías Lixa hizo un llamado a las instituciones como la Profeco, para vigilar los precios y endurecer sus procedimientos, así como castigar a quienes se aprovechan de las personas, y de las familias más vulnerables.