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Discute SCJN facultades de congresos locales en trata y secuestro

En la sesión del día lunes se determinó que es competencia exclusiva de la Federación legislar en materia de delincuencia organizada

Por David Galván. México.- En su sesión del día lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los Congresos de los estados no cuentan con facultades para legislar en materia de delincuencia organizada, pues esta materia compete exclusivamente a la Federación

De esta manera, se declaró inválida la porción reformada en 2013 del Código Procesal Penal de Nuevo León que establecía prisión preventiva forzosa para las personas detenidas bajo acusación de crimen organizado. Es por ello que en la sesión de este martes, el Máximo Tribunal del país continuó su análisis de la impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la reforma penal de la entidad neolonesa, ahora para definir si a nivel local esa legislatura puede intervenir en temas referentes a trata blancas y plagio. Así lo explicó en su intervención el ministro José Ramón Cossío: “En lo que se refiere a los delitos de trata de personas y secuestro, lo que está disponiendo la Constitución es que el Congreso General va a generar, simple y sencillamente, la ley general mediante la cual, a partir de los contenidos mínimos, se puede introducir, voy a decirlo así, una relación entre la Federación y los estados. ¿Esto qué me significa? Que tanto la Federación como los estados son competentes en la materia de los delitos de secuestro y trata”. Los cambios realizados por el congreso de Nuevo León el año pasado aborda temas como la restricción de comunicaciones de acusados o condenados con terceros, salvo su defensor. Por ello se pretende determinar particularmente cuáles artículos deben invalidarse a raíz de una invasión de facultades en cuestiones como el establecimiento de prisión preventiva forzosa por algunos crímenes que no contempla el artículo 19 constitucional. Esto refirió el ministro Alberto Pérez Dayán: “En mi opinión, la entidad federativa, ninguna, tiene competencia para regular lo relativo a la restricción de comunicaciones privadas o la prisión preventiva en casos de secuestro, dado que el artículo segundo, en su parte final, de la Ley General de la materia de secuestro, dispone de manera expresa, cuáles delitos tipificados en la misma ley, a cuáles se les impondrá prisión preventiva”. Los temas que han obligado a la Suprema Corte a revisar cada asunto por separados y llevar la resolución a la sesión del día jueves son, por ejemplo, las modificaciones a distintas normas locales como la obligación de los testigos de acreditar su identidad mediante prueba de ADN cuando se habla del delito de secuestro.  

 

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