Denuncian protección a culpables de incendio ABC
Integrantes del Movimiento 5 de junio responsabilizan al gobierno de Sonora y al juez octavo del Fuero Común
Por Rafael GonzálezSonora.- Deudos de la guardería ABC, que integran el Movimiento 5 de junio, denunciaron que el gobierno del estado de Sonora y el Juez Octavo del Fuero Común, realizan acciones proteccionistas a favor de las trece personas inculpadas en el proceso penal por el incendio registrado en la guardería ABC, ocurrido hace 14 meses, entre ellas haber pagado la fianza con el Fideicomiso de ABC
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José Francisco García, informó que estas personas involucradas se encuentran enfrentando el proceso penal en libertad provisional, gracias a que el gobierno del estado puso como pago de fianza o garantía de reparación del daño, el fideicomiso por 67 millones de pesos constituido el 5 de junio del 2009, durante el Gobierno de Bours, para indemnizar a las familias afectadas, lo que es completamente ilegal
En forma por completo ilegal, desde junio de 2009, el juez octavo penal que lleva el proceso en contra de los trece responsables imputados por el ministerio público del fuero común, dentro del expediente número 226/2009, aceptó que tal reparación del daño quedara garantizada con el monto del fideicomiso constituido para apoyar a las víctimas del incendio, dijo
En conferencia de prensa, señaló o que el manejo de este fideicomiso se ha hecho de manera discrecional y reservada por parte de gobierno del estado, con el objeto de omitir los datos del destino dado a esos fondos y a partir del mes de junio del presente año la cantidad del fideicomiso quedó en menos de treinta mil pesos, que hasta para el juez penal de la causa resultó insuficiente para continuar garantizando el pago de la reparación del daño a cargo de los trece procesados y en caso de no cubrir el monto serían detenidos e internados en el Cereso de Hermosillo, y fue el gobierno del estado actual quien ahora actuó a favor de los inculpados para cubrir el dinero faltante y que siguieran en libertad
Ante esa situación, los padres de familia interpusieron un recurso de apelación en contra del acuerdo de julio de 2010 dictado por el juez octavo de lo penal en el que tuvo por satisfecha la garantía de la reparación del daño
Sin embargo, el juez, excediéndose en sus atribuciones, se negó a admitir el recurso de apelación, no obstante que él no es la instancia que debe resolverlo, presentaron un recurso de denegada apelación, que actualmente está en trámite ante un tribunal colegiado de circuito del fuero común
Los trece procesados que se benefician con este acuerdo entre el gobierno de estado y el juez, son, Francisco Arturo Bracamonte Córdova, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri, Álvaro Pacheco Ferral, Arturo Torres Escalante, Ignacio Alduenda Salazar, Manuel Gaxiola Santacruz, Jesús Adán Méndez Duarte, Juan Esteban Parra Valenzuela, Roberto Copado Gutiérrez, Martín Francisco Lugo Portillo, José de Jesús Galindo López, Arturo Dávila Pacheco y Rafael Robles Jáuregui.
