Extraditan a ex militar de "guerra sucia" a la Argentina
Ricardo Miguel Cavallo abandó la cárcel madrileña de Alcalá Meco, donde se encontraba cumpliendo condena de carácter provisional desde el 1 de febrero de 2007
Madrid, marzo 30, 2008.- El ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, pedido por la Argentina para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad salió el domingo de la cárcel para ser extraditado al país sudamericano, informó a la agencia Europa Press su abogado. Cavallo abandó a las 11 la cárcel madrileña de Alcalá Meco, donde se encontraba cumpliendo condena de carácter provisional desde el 1 de febrero de 2007, informó el abogado Fernando Pamos de la Hoz. El 14 de marzo pasado la Audiencia Nacional autorizó su extradición a la Argentina, archivando la causa por delitos de lesa humanidad cometidos presuntamente durante la dictadura militar de 1976-1983 su país que se seguía contra él en España. Según su abogado, Cavallo le manifestó en su momento su "satisfacción" por la decisión de la Audiencia Nacional que el pasado 1 de febrero autorizó su extradición, según añadió, "aunque sólo sea por los siete años de lucha por ser juzgado en Argentina ante el juez natural". El juez federal argentino Sergio Torres solicitó la extradición de Cavallo para juzgarlo por secuestro, torturas y extorsión. El pasado 19 de marzo fue extraditado también desde España a Argentina el ex agente de la Policía Federal argentina Rodolfo Eduardo Almirón, acusado de ser uno de los jefes de la organización parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), para ser juzgado por delitos supuestamente cometidos en la década de 1970. La extradición de Caballo fue posible desde que se recibió la autorización de México, donde fue detenido en 2000 y extraditado a España tres años después. El ex capitán de corbeta, apodado "Sérpico", cumplió servicios en un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención durante la dictadura. Según cifras gubernamentales, unos 13.000 detenidos políticos "desaparecieron" durante la dictadura, una cifra que los organismos defensores de los derechos humanos elevan a 30.000.



