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Propone CNDH replantear operación de instancias para Ciudad Juárez

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no son un asunto del pasado, por lo que para resolver esa problemática se requiere replantear la operación de las instancias creadas para coordinar y servir de enlace entre las dependencias de los tres niveles de gobierno, afirmó José Luis Soberanes.

México D.F., 23 de agosto, 2005.- Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez no son un asunto del pasado, por lo que para resolver esa problemática se requiere replantear la operación de las instancias creadas para coordinar y servir de enlace entre las dependencias de los tres niveles de gobierno, afirmó José Luis Soberanes.

Al presentar los resultados de una evaluación de la CNDH sobre homicidios y desapariciones de mujeres, el Ombudsman nacional dijo que es indispensable que desde el gobierno federal los propósitos se conviertan en acciones de justicia hasta revertir la ola de violencia contra ese sector en aquella entidad.

Ante integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, instancia legislativa que solicitó la evaluación, Soberanes Fernández señaló que se equivocan quienes piensan que la atención al tema, con la creación de coordinaciones, fiscalías y comisiones, ha impedido o desalentado su continuación.

Señaló que la falta de efectividad en sus tareas de coordinación obligan a replantear la operación de las instancias creadas para coordinar y servir de enlace.

A dos años de la creación de las mismas, las dependencias del gobierno federal han continuado el desarrollo de sus mismos programas sin coordinación entre ellas y sin aumentarlos, ampliarlos o ajustarlos a la gravedad de las circunstancias.

Mencionó que quizás convenga hacer un alto en el camino y contestar y volver a preguntar muchas de las cosas que ya se cuestionaron o que se han dicho.

Al respecto, indicó que valdría la pena preguntar por qué en julio de 2003 se anunció que mil 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) se encontraban involucrados en la ejecución del Plan Integral de Seguridad Pública en Juárez y ahora sólo hay 78.

Añadió que en julio del mismo año también se dieron a conocer 40 puntos del plan, por lo que la pregunta sería por qué no fue posible mantener y aumentar la presencia federal de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Cuestionó por qué a pesar de todo tipo de esfuerzos hay este año mujeres muertas y menos presencia de elementos de la PFP, y "quien y por qué se protege a quienes han sido señalados públicamente como autores de secuestros y violaciones".

El Ombudsman nacional detalló que las investigaciones de las instancias competentes han permitido resolver más de 170 de un registro de 367 casos, y en el campo de la prevención los resultados de dos años siguen siendo tan pobres que parecen inexistentes.

Comentó que en el informe se reitera que el derecho de las personas a disfrutar de una adecuada seguridad pública demanda una política eficaz de prevención del delito, y es deber y responsabilidad del Estado evitar la omisión, la negligencia o el abandono de los deberes de los servidores públicos.

Finalmente, señaló que el informe evaluatorio de 156 páginas establece que cualquier indemnización a familiares de las víctimas debe apegarse al derecho mexicano y realizarse con plena conciencia de que se debe castigar a los culpables.

 

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