Sancionarán a funcionarios del D.F. que usen recursos para proselitismo
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, anunció sanciones para los funcionarios públicos locales que utilicen recursos, personal u horarios de trabajo para actividades proselitistas.
México D.F., 22 de agosto, 2005.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, anunció sanciones para los funcionarios públicos locales que utilicen recursos, personal u horarios de trabajo para actividades proselitistas.
Tras advertir que a dichos funcionarios se les aplicarán los códigos de responsabilidades administrativas, electorales y penales vigentes, Encinas presentó un acuerdo y las reglas básicas a las que deberán someterse frente a los procesos de selección de candidatos de los partidos políticos y las próximas elecciones.
En ambos documentos, la administración local reconoce el derecho de los servidores públicos a comulgar con alguna ideología o militar en el partido político de su preferencia.
No obstante, por la naturaleza de sus funciones les recuerda en 22 puntos las limitaciones estipuladas en la ley, entre ellas la prohibición de usar recursos públicos para apoyar a su partido o candidato o ser funcionarios u observadores electorales.
Encinas prometió fiscalización directa de los titulares de cada una de las áreas de gobierno y de la Contraloría General, pero exhortó a quien descubra alguna irregularidad a denunciarla, como se hizo con el secretario de Desarrollo Social local, Marcelo Ebrard, y el jefe delegacional en Coyoacán, Miguel Bortolini Castillo.
Ambos funcionarios fueron denunciados ante la Contraloría General por el diputado local panista Obdulio Avila porque presuntamente hicieron proselitismo con recursos públicos ante beneficiarios de programas sociales del gobierno local.
De acuerdo con el mandatario capitalino, la resolución sobre este caso se aplazó debido a que el legislador presentó más elementos de cargo, pero se comprometió a un veredicto de la Contraloría apegada a las normas y a la brevedad.
Rechazó revelar el estado de la investigación contra el subprocurador de Procesos Penales, Rosendo Gómez Piedra, a quien se le vio al visitar la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador supuestamente en horas de trabajo, hasta en tanto concluya el caso, tal como lo marca la ley.
En cambio, expuso, la información relativa a los casos ya concluidos está en la página de Internet del gobierno local y en breve se divulgarán los nombres de los funcionarios en vacaciones, a fin de evitar malas interpretaciones sobre su actuación durante su tiempo libre.
Encinas precisó que la jornada laboral diurna es de 40 horas a la semana, dividida en jornadas de cinco días a la semana, de las 9:00 a las 18:00 horas con una hora de comida de las 15:00 a las 16:00 horas.
Sin embargo, recordó la existencia de segundos y terceros turnos, turnos alternativos y horarios especiales como los de personal dedicado a servicios de emergencia.
Al acuerdo de 22 puntos donde también se prohíben aportaciones gubernamentales a partidos y candidatos, prestar edificios públicos para instalación de casillas, recoger credenciales de elector de subalternos o interferir con las campañas en cualquier sentido, se añadió un decálogo de Reglas Básicas.
En ellas recuerda a los funcionarios el impedimento legal para condicionar, entre otras cosas, a la simpatía o militancia política los programas sociales, la prestación de servicios públicos, el trato con candidatos o la colocación de propaganda.
Sobre esto último recordó también las obligaciones de los partidos en el sentido de retirar sus carteles, mantas, mamparas, gallardetes y otros objetos de los lugares prohibidos, pero lamentó la ausencia de un reglamento específico para ello.
Confió en la responsabilidad de los partidos para no dañar el patrimonio histórico, la imagen urbana o la vialidad antes de llegar al extremo de aplicar sanciones, incluso con la participación del Instituto Electoral del Distrito Federal, el cual descontaría de las prerrogativas correspondientes el costo del daño causado por las organizaciones o el gasto por el retiro de su propaganda.
En otro tema, el Ejecutivo local reiteró la disposición de su administración a colaborar con los gobiernos federal y estatales en programas y operativos de seguridad y contra la delincuencia.
En la reunión de este lunes del Consejo Nacional de Seguridad Pública hará propuestas al respecto, sobre todo en torno al sistema penitenciario nacional.




