Avala Bátiz que guardaespaldas capacitadas con erario cuiden a AMLO

México, D.F., agosto 1, 2005.- El procurador general de Justicia, Bernardo Bátiz, justificó la posible protección que guardaespaldas capacitadas en Israel con recursos del Gobierno del Distrito Federal darán a Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura del PRD a la Presidencia de la República.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que seis guardaespaldas de López Obrador, conocidas como "gacelas", pidieron licencia sin goce de sueldo y, tras entregar arma, licencia y placa, les fue concedida por un año.

Bátiz Vázquez expresó que ahora quedan fuera del control de la Policía Judicial y ellas decidirán si se integran o no al equipo del aspirante a la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la República, lo cual consideró muy probable.

En declaraciones a la prensa luego de la reunión del gabinete de procuración de justicia y seguridad pública, dijo: "qué bueno que su capacidad sirve para proteger a una persona que tiene una importancia y una relevancia social".

Según él, no hay nada antiético en que se gastaran casi seis mil dólares en la capacitación de dos de ellas en Israel y que ahora se dediquen a cuidar a López Obrador. Además, apuntó, al terminar su licencia regresarían con las otras cuatro al servicio activo para servir a la ciudadanía.

"Muchos funcionarios públicos y privados tienen protección. En este caso la inversión que se hizo en las gacelas -en dos de seis- será de utilidad desde el punto de vista social. Regresarán. Sólo tienen una licencia. Su cargo será reservado y ellas regresarán a la procuraduría", sostuvo.

En otro asunto dijo ignorar si en el Distrito Federal aumentó 50 por ciento la prostitución en los últimos siete años, según un diario que cita estadísticas del Instituto de las Mujeres, pero adjudicó ese fenómeno a la pobreza, al desempleo y a la recesión económica.

Comentó que, de acuerdo con la ley vigente en la capital del país, el sexoservicio independiente no es un delito en sí, sino acaso una falta administrativa cuando se ejerce en zonas habitacionales y los vecinos se quejan.

En cambio el lenocinio o explotación sexual está penado, como en el caso de las bandas con centro de operaciones en La Merced que usan a provincianas inexpertas para lucrar con ellas. Aseguró que dos de esas bandas han sido detenidas en ese lugar y sigue el combate.