Falla la Corte a favor del Ejecutivo en contratos de electricidad

México D.F., 14 de abril, 2005.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tiene atribuciones para pronunciarse y hacer recomendaciones sobre la legalidad o constitucionalidad de los actos del gobierno federal.

Con el fallo del máximo tribunal, el presidente Vicente Fox obtuvo un triunfo judicial en la controversia constitucional promovida contra la Cámara de Diputados por impugnaciones que hizo la ASF por presunto contratos irregulares en materia de electricidad.

En entrevista en el programa Poder y dinero, Eduardo Andrade, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica, señaló que el fallo le da certidumbre a los inversionistas extranjeros.

“Nosotros dentro del negocio de la energía nos da mucha confianza, y digo energía porque no nada más es aplicable a los contratos que ahora tiene firmada la Comisión Federal de Electricidad con algunos privados y entre privados, sino también da confianza por ejemplo para los contratos de servicios múltiples en donde la auditoría ya empezaba a hacer observaciones”.

“La certeza jurídica la da la solidez que tiene el país tiene en sí mismo y en este caso los contratos son a 25 años, se han respetado en uno y otro sentido y así se espera que sea”, dijo.

Agregó que “es importante remarcar que no todos los contratos de los 100 son firmados con Comisión Federal de Electricidad, donde ya hubo una intromisión clara del auditor según lo determinó la Suprema Corte”.

Andrade aseguró que dicho fallo “ya no es cuestionable a nivel legal. Los contratos son legales y pues de ahí va para adelante”.

“Yo creo que el tema de la privatización esta superado, abandonado y no creo que tendría que salir ahora, sin embargo, se mezclan las cosas y sí crean algo de ruido”, concluyó el funcionario.

Con seis votos a favor y cinco en contra, el pleno de la SCJN determinó anular los oficios que la ASF le envío al Ejecutivo federal para que se diera marcha atrás a más de un centenar de contratos otorgados a particulares para la generación de electricidad.

El año pasado, la ASF ordenó al gobierno cancelar más de 100 permisos que la Comisión Reguladora de Energía había otorgado a privados para la producción de electricidad, al estimar que se había incurrido en irregularidades. En respuesta, el Ejecutivo promovió una controversia constitucional, al considerar que el órgano Legislativo se había excedido en sus atribuciones.

De esta forma, el pleno de la Suprema Corte declaró nulas las actuaciones de la ASF relacionadas con las observaciones y recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, respecto a la validez de los permisos de generación de energía eléctrica otorgados a particulares.