CON GABRIELA WARKENTIN Y JAVIER RISCO. Presidencia apela a retórica política para justificar prisión preventiva

México

Lo que vimos ayer fue a la Consejería Jurídica de Presidencia apelando a cuestiones retóricas de índole político por prisión preventiva oficiosa, provocando desinformación confusión, cuando ésta "no cambia en su faceta justificada", recalcó el investigador del IIJ-UNAM, Jesús Garza Onofre.

Tras el comunicado emitido por la Consejería Jurídica de Presidencia, el especialista reprochó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que "la jefa de gobierno informó que las mujeres se van a quedar desprotegidas", cuando el proyecto del ministro Luis María Aguilar "no va contra todo".

La prisión preventiva puntualizó tiene dos facetas: la justificada y la oficiosa y el proyecto presentado enmarca que "no cambia en su faceta justificada".

Por ello señaló que "hace falta debatirlo, habrá presiones y sectores quejándose, pero lo cierto es que las defensorías públicas son limitadas, quienes entran por robo hasta crimen organizado van a tener abogados que no pueden solventar los casos" y comúnmente los detenidos no tienen la capacidad de defenderse porque no tiene dinero para pagar los mejores abogados.

Por lo que afirmó cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa los que se van a ver más afectados "no son delincuentes fiscales, ni mujeres, la división es en cuestión de clases".

Desde hace algunos años dijo, la prisión preventiva oficiosa apunta a cárcel como si fuera a bajar el índice delictivo, y señaló que "López Obrador tiene más animo de venganza que de justicia".

Por lo que reclamó "Si van a meter cada vez más personas a la cárcel que tenga en cuenta que la mayoría son pobres", "la mano dura resulta más sencilla que buscar otras soluciones", dijo lo que "hace entrever el fracaso de una política publica que va más allá del castigo, lo cierto es que la última palabra la tiene la SCJN.

La resolución podría ir más allá de los primeros días de septiembre, en tanto, suma tres ministros a favor de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.