Empresa de la red Taddei contratada para imprimir material electoral de 2024 trianguló recursos entre 12 compañías
Comercializadora JVLY no comprobó gastos ni contrataciones para cumplir con la entrega de materiales para la capacitación, señala investigación de la ASF.
Comercializadora JVLY no comprobó gastos ni contrataciones para cumplir con la entrega de materiales para la capacitación, pese al contrato de 63 mdp., señala investigación de la ASF. FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
El Instituto Nacional Electoral (INE) contrató a la empresa Comercializadora JVLY para imprimir y distribuir materiales para capacitación de la elección federal de 2024, pero los recursos terminaron en 12 compañías, personas físicas y hasta una financiadora que no tuvieron relación con los servicios.
La Auditoría Superior de la Federación revisó esta contratación y determinó que el INE no pudo acreditar el cumplimiento de los servicios, y la empresa no comprobó gastos ni contrataciones para cumplir con la entrega de materiales para la capacitación, por lo que el pago de 63 millones de pesos a este proveedor significa “un daño al erario”.
La empresa, además, está relacionada con la red de Alfredo Hernández Casillas, el dueño de Cajas Graf, proveedora favorita del INE, y quien forma parte central de la presunta red de corrupción en el Instituto.
El periódico Reforma publicó que el INE tenía como contratistas favoritos a dos empresas: Corporativo Zeg, en la que aparecía como apoderado Jonathan Navarrete, chofer de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.
También Cajas Graf, propiedad de Alfredo Hernández Casillas, cercano de Guadalupe Taddei, y cuyo representante legal era Jesús Octavio García González, quien hasta abril de este año se desempeñaba como director de Administración del INE.
“Así Las Cosas” revela ahora que Comercializadora JVLY está relacionada con Cajas Graf
El vínculo es Fernando Fernández Parra, quien fue apoderado de Comercializadora JVLY entre 2018 y 2021, y prácticamente al mismo tiempo (entre 2018 y 2025) fue apoderado para pleitos y cobranzas de Cajas Graff.
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El contrato
La Auditoría Superior de la Federación revisó las contrataciones del INE de 2024. Encontró que el Instituto entregó un contrato por 63 millones de pesos a Comercializadora JVLY para el servicio de impresión, producción y distribución de materiales para el simulacro de la elección de 2024; es decir, la capacitación a funcionarios.
En la revisión del contrato INE/011/2024, el INE le dijo a la Auditoría que había llevado a cabo una investigación de mercado por la cual eligió a Comercializadora y que la información se encontraba en un link, pero al que no le dieron acceso a los auditores, ni tampoco entregaron la documentación.
Al revisar la información financiera de la empresa, la Auditoría detectó que Comercializadora JVLY transfirió los recursos pagados por el INE a otras 9 compañías sin que tuvieran relación con las adquisiciones de material electoral.
Los auditores también revisaron las cuentas de estas empresas, con base en informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y encontraron más irregularidades, como que dos de las empresas que recibieron transferencias no fueron localizadas en sus domicilios.
Además, hubo otra triangulación de recursos: las 9 empresas transfirieron recursos a otras tres compañías, personas físicas e incluso una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofome), dedicada al financiamiento empresarial, llamada QUANT Capital, según advierte la auditoría número 230 al INE.
De ahí que la Auditoría concluyera que el INE “no cuenta con toda la documentación que acredite la prestación del servicio por el que pagó 63 millones”. Además, se identificaron diferencias entre los materiales reportados como entregados y los recibidos por las juntas electorales y el personal de capacitación”.
La empresa tampoco acreditó cómo realizó el servicio, pues no presentó información sobre sus costos, gastos, personal ni terceros contratados.
Por ello, la Auditoría presume un “probable daño al erario por 63 millones de pesos”.
El cumplimiento de servicios
Los auditores también revisaron la entrega de los materiales para el simulacro en las Vocalías de Capacitación Electoral. Encontraron que no entregaron más de 900 mil materiales.
Visitaron diferentes sedes y el personal dijo que no tenían herramientas o sistemas informáticos para el registro y control de los materiales. De ahí que sean registros hechos a mano.
Encontraron que en Tabasco, por ejemplo, los acuses de recibo no corresponden con los materiales estipulados en el contrato.
En Chiapas, las cantidades entregadas de materiales no son legibles, no hay nombres de quienes reciben.
En San Luis Potosí: en los formatos de acuse de recibo no se especifica la cantidad y el tipo de material que se recibe.
Además, la empresa no proporcionó la información referente a sus estados financieros, declaraciones de impuestos, costos y gastos en los que haya incurrido para el contrato. Aunque declaró el cumplimiento ante el IMSS, no realizó registro de alta de trabajadores.
Los auditores buscaron a los accionistas de Comercializadora, pero argumentaron que estaban de viaje, mientras que al buscar al representante legal, no lo localizaron en su domicilio.
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ahz.
