Se retrasa nuevo juicio contra Javier Duarte hasta 2027; él sostiene que no se apropió de recursos
El exgobernador de Veracruz permanecerá el resto del año en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, mientras su defensa espera la resolución de varios juicios de amparo.
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz
El juicio contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos federales durante su administración se aplazó, por lo menos, hasta 2027. Mientras tanto, Duarte y su defensa sostienen que el exmandatario no se apropió de recursos públicos.
El plazo que el juez del caso había fijado para el cierre de la investigación complementaria y para que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara la acusación formal y las pruebas contra el exgobernador venció en agosto. Sin embargo, a petición de las partes, el juez autorizó una prórroga.
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La determinación se tomó durante una audiencia realizada el pasado 24 de septiembre. El nuevo plazo concluirá el 24 de diciembre y todavía existe la posibilidad de solicitar una ampliación de tres meses.
Esto significa que, incluso si el plazo no vuelve a extenderse y la FGR presenta posteriormente su acusación contra Javier Duarte durante una audiencia intermedia, la etapa de juicio oral no comenzaría sino hasta mediados de 2027.
Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso por el delito de peculado el pasado 17 de febrero por el juez federal de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor. De acuerdo con lo asentado en la causa penal 667/2025, el exgobernador habría ordenado y formalizado el desvío de recursos federales hacia fines distintos de aquellos para los que estaban destinados. La acusación se apoya, entre otros elementos, en testimonios como el de su extesorero, quien señaló que esas operaciones beneficiaron al entonces gobernador.
Como consecuencia de la vinculación a proceso, el juez impuso a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta decisión impidió que recuperara su libertad después de cumplir la sentencia de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR mantiene más de 20 carpetas de investigación abiertas contra el exgobernador por posibles desvíos de recursos federales denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con datos de la ASF, durante la administración de Duarte se detectaron irregularidades relacionadas con recursos federales en Veracruz por más de 60 mil millones de pesos.
Duarte se defiende
La defensa del exgobernador, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, ha promovido hasta ahora tres juicios de amparo que permanecen en trámite. Uno de ellos impugna la orden de aprehensión y la vinculación a proceso dictadas contra Duarte ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México.
El argumento de la defensa es que la vinculación a proceso fue dictada sin elementos suficientes para acreditar, siquiera de manera inicial, la existencia del delito de peculado conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según la postura del exgobernador, los recursos que la FGR señala como desviados nunca fueron transferidos a cuentas particulares o personales, sino que permanecieron en cuentas del gobierno del estado de Veracruz. La defensa considera que esto impediría sostener la hipótesis de peculado debido a que, a su juicio, tendría que demostrarse que el desvío generó un beneficio para el acusado.
Desde la audiencia inicial, Duarte ha sostenido que no utilizó recursos públicos para enriquecerse y que el dinero federal fue destinado a cubrir gastos y compromisos de su administración. También argumenta que el decreto expedido al inicio de su gobierno para disponer de fondos federales se refería a participaciones federales no etiquetadas.
En otro juicio de amparo, la defensa de Javier Duarte sostiene que hubo violaciones al principio de especialidad previsto en el tratado de extradición entre México y Guatemala, país que lo entregó a las autoridades mexicanas en 2017, debido a que el delito de peculado no formó parte de las acusaciones por las que fue extraditado.
Además, Duarte mantiene en trámite otro juicio de amparo relacionado con una acusación por desaparición forzada presentada en su contra.