El reto de los negocios familiares: 2 de cada 3 operan en la informalidad en México
En México, dos de cada tres negocios familiares operan en la economía informal, dentro de un panorama donde el 55.1% de la población ocupada carece de seguridad social, prestaciones y acceso a financiamiento.
Dos de cada tres negocios familiares en México operan en la economía informal, de acuerdo con estimaciones presentadas por la Concanaco Servytur, en un país donde 55.1% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, equivalente a alrededor de 33 millones de personas.
Ante esta realidad, el organismo empresarial presentó su propuesta de una Ley Nacional de Transición a la Formalidad, con la que busca modificar la relación entre los pequeños negocios y las instituciones públicas, y reducir las barreras que actualmente dificultan su incorporación a la economía formal.
El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, advirtió que el problema trasciende la recaudación y tiene implicaciones laborales y sociales.
“La ley nacional de transición a la formalidad no es únicamente un hombre, no es un hombre. Estamos planteando una conversación sobre cómo transformar la relación de millones de personas que hoy trabajan en la informalidad que tienen sus negocios en la informalidad con las instituciones del Estado. Los números nos muestran la dimensión del desafío 33.1 millones de personas en condiciones de economía laboral informal, es decir, 55.1% de la población ocupada que no tienen ley silla, que no tienen vacaciones dignas, que no tienen reparto de utilidades, que no tienen salario mínimo, que no tienen seguridad social, que no tienen acceso al financiamiento. Esa es la realidad del país”.
¿Cuáles son los obstáculos para formalizar los negocios?
La Concanaco identifica entre los principales obstáculos los costos de la formalización, los trámites fragmentados y el temor de las familias a perder el ingreso diario durante el proceso de regularización.
“Miren, para quien vive de un ingreso diario de su propio ingreso, cualquier nueva obligación puede percibirse como una amenaza inmediata a su economía, al dinero que le llega al bolsillo la segunda son los trámites que se encuentran fragmentados, es decir, que las personas tienen que acudir al municipio, al SAT, al IMSS y a otras autoridades, sin que exista una sola ruta”.
El dirigente del sector terciario señaló que “la más sensible de todas es del temor a perder el ingreso cotidiano en el proceso de regularización, es decir, que sea mucho más costoso ser formal que mantenerme en la informalidad”.
La propuesta plantea que los municipios funcionen como ventanillas únicas de enlace y acompañamiento, particularmente para quienes realizan actividades comerciales en espacios públicos, sin sustituir las atribuciones de las autoridades federales.
“El punto de entrada va a ser el propio municipio, sobre todo para quienes desarrollan actividades o deciden desarrollar actividades de comercio en espacios públicos. ¿Y por qué el municipio? Porque es en donde realmente existe el fenómeno de la informalidad, normalmente esa es la autoridad más cercana al ciudadano y la que genera la actividad cotidiana”.
De la Torre aclaró que esta participación municipal no implicaría quitar facultades al Gobierno federal.
“El municipio no está sustituyendo ni al SAT, ni al IMSS, ni a la Secretaría de Trabajo, ni a la agencia de transformación digital. El municipio va a funcionar como una ventanilla de enlace”.
¿Qué propone la Ley Nacional de Transición a la Formalidad?
El proyecto también plantea una mayor coordinación con las instituciones de seguridad social y laborales, bajo un esquema que considere la capacidad económica de los pequeños negocios.
“Un IMSS en materia de seguridad social, una seguridad social que sea alcanzable, que sea escalonada, no nada más que esté en el trámite sino en el costo… una Secretaría de Trabajo y Previsión Social que hable por supuesto de una primavera laboralacompañada de una justicia económica”.
La meta inicial planteada por Concanaco es incorporar al 30% de las unidades informales durante el primer año, lo que representaría alrededor de un millón 300 mil negocios, aunque el organismo señaló que el propio SAT considera que esa cifra podría superarse.
El planteamiento coloca el reto de la formalización no sólo en términos fiscales, sino también de acceso a seguridad social, derechos laborales, financiamiento y protección del patrimonio familiar, con la intención de que para los pequeños negocios resulte más viable incorporarse a la economía formal que permanecer en la informalidad.
