Ernesto Ruffo Appel saldrá del Altiplano con prisión preventiva domiciliaria

Un juez federal concedió a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, la suspensión definitiva contra la resolución que le había negado cumplir en su domicilio la medida cautelar de prisión domiciliaria.

De acuerdo con el expediente 889/2026, con fecha de acuerdo del 21 de septiembre, el juzgador determinó conceder la suspensión definitiva respecto del acto reclamado por el exmandatario, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

La decisión deriva del amparo promovido por Ruffo Appel para impugnar la negativa de que la prisión preventiva se cumpliera en su domicilio. La audiencia para resolver la suspensión definitiva estaba programada para el 21 de septiembre.

Sin embargo, la resolución no significa automáticamente que Ruffo Appel quede en libertad. De acuerdo con la información publicada este martes, los efectos concretos de la suspensión dependerán de los términos establecidos por el juez federal.

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Amparo contra la prisión preventiva

El exgobernador fue detenido en julio pasado y posteriormente vinculado a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. La jueza de control había impuesto prisión preventiva oficiosa y ordenado su permanencia en El Altiplano.

La defensa de Ruffo había recurrido previamente a distintos juicios de amparo para buscar el cambio de la medida cautelar. En uno de ellos presentó documentación médica como parte de los argumentos para solicitar que el proceso continuara bajo resguardo domiciliario.

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Resolución definirá los efectos de la suspensión

Ruffo Appel, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer gobernador de oposición en esa entidad, continuará sujeto al proceso penal mientras se determina el alcance de la resolución judicial sobre la medida cautelar.

La Fiscalía General de la República sostiene que el caso forma parte de una investigación sobre una presunta red de contrabando de combustibles. La defensa, por su parte, ha cuestionado los señalamientos y las condiciones de reclusión del exmandatario.

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