Un año de controversias en la Corte: de las camionetas de lujo a la pelea por la presidencia

A un año de haber entrado en funciones, el actual Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —integrado por primera vez por nueve ministros elegidos mediante voto popular— acumula una serie de controversias relacionadas con la organización y conducción del tribunal, el ejercicio de los recursos públicos e incluso el comportamiento de algunos de sus integrantes.

En estos doce meses los episodios han ido desde la adquisición de nueve camionetas blindadas de lujo hasta la escena en la que una funcionaria fue captada limpiando el zapato del presidente de la Corte, pasando por errores y confrontaciones durante las sesiones del Pleno, diferencias respecto al presupuesto institucional y una disputa que comienza a tomar forma por la futura presidencia del máximo tribunal.

Algunos de estos casos provocaron una fuerte reacción mediática y críticas en redes sociales que obligaron a la Corte a ofrecer explicaciones, fijar posiciones o adoptar medidas correctivas. Otros permanecen abiertos porque involucran decisiones de fondo relacionadas con el funcionamiento y la dirección futura de la SCJN.

Así las Cosas PM hace un recuento de algunos de los principales episodios que han marcado el primer año de la nueva Corte.

La grilla por la presidencia

Aunque al periodo del ministro Hugo Aguilar al frente de la Suprema Corte todavía le resta por lo menos un año, la discusión sobre quién deberá sustituirlo en la presidencia ha comenzado a intensificarse conforme avanza 2026. El origen del problema está en una contradicción que permanece vigente dentro de la propia Constitución.

La reforma judicial de 2024 modificó el artículo 94 constitucional para establecer que la presidencia de la Suprema Corte debe renovarse cada dos años de manera rotatoria y conforme al número de votos obtenido por sus integrantes en la elección judicial.

Bajo esa disposición Hugo Aguilar asumió la presidencia tras haber sido el candidato más votado, con 6 millones 195 mil 612 sufragios. Lenia Batres ocupó el segundo lugar, con 5 millones 534 mil 681 votos, mientras que Yasmín Esquivel quedó tercera, con 4 millones 985 mil 925.

Pero el artículo 97 de la Constitución mantiene al mismo tiempo la disposición previa, según la cual cada cuatro años corresponde al Pleno elegir de entre sus integrantes a la persona que ocupará la presidencia de la Suprema Corte.

El Ejecutivo federal envió en mayo de 2026 una reforma a distintas disposiciones relacionadas con el Poder Judicial que posteriormente fue aprobada por el Congreso, pero la contradicción entre ambos artículos constitucionales no fue corregida. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que deberá ser la propia Corte la encargada de resolver el problema.

Mientras tanto, las diferencias internas han comenzado a hacerse visibles. Fuentes de la SCJN confirmaron a Así las Cosas PM que la ministra Lenia Batres mantiene la posición de que, por haber sido la segunda candidata más votada, le corresponde asumir la presidencia en septiembre de 2027.

Sin embargo, otros integrantes del Pleno no comparten esa interpretación.

Un bloque mayoritario de al menos seis ministros se inclinaría por una ruta distinta: hacer prevalecer el artículo 97 y someter al voto del Pleno la elección de quien deberá encabezar la Corte.

En ese escenario se han planteado distintas posibilidades, entre ellas permitir que Hugo Aguilar permanezca en la presidencia hasta completar un periodo de cuatro años o elegir a Yasmín Esquivel como eventual sucesora, ya sea en 2027 o posteriormente, en 2029.

Hasta ahora, la presidencia de la Suprema Corte ha sostenido públicamente que todavía es prematuro abrir una discusión sobre la sucesión. Sin embargo, las conversaciones alrededor del tema continúan.

Seguro médico de vuelta: ¿necesidad o privilegio?

Las divisiones entre los ministros no se limitan al futuro de la presidencia. También se han hecho evidentes en decisiones administrativas y presupuestales.

La controversia más reciente surgió a raíz de la decisión mayoritaria del Pleno de incluir en el presupuesto de 2027 recursos para volver a contratar un seguro privado de gastos médicos mayores.

A finales de 2025, la nueva integración de la Suprema Corte había cancelado este tipo de seguros y, en enero de 2026, el ministro presidente Hugo Aguilar firmó un convenio con el ISSSTE para facilitar al personal del tribunal el acceso a servicios médicos especializados.

Sin embargo, durante una sesión privada celebrada el 6 de agosto, seis de los nueve ministros aprobaron incorporar al anteproyecto presupuestal para 2027 una partida destinada nuevamente a la contratación de un seguro de gastos médicos mayores pagado con recursos públicos.

La discusión trascendió al ámbito público luego de que Lenia Batres difundiera una carta en la que expresó su desacuerdo con la decisión. La ministra sostuvo que recuperar esa prestación implicaba regresar a los privilegios que la nueva Corte había prometido eliminar y advirtió que podría contravenir las normas de austeridad.

La Suprema Corte defendió posteriormente el proyecto y precisó que el seguro estaría dirigido a los trabajadores de la institución y no a los ministros, quienes quedarían expresamente excluidos del beneficio.

La explicación no evitó las críticas. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la propuesta y consideró que significaba recuperar “privilegios” del pasado.

Las camionetas de lujo que los ministros dejaron de usar

Otro episodio relacionado con el manejo de recursos públicos ocurrió a principios de 2026, cuando se conoció la adquisición de nueve camionetas Jeep blindadas destinadas a los nueve integrantes del Pleno.

De acuerdo con información de la propia Suprema Corte, cada vehículo tuvo un costo aproximado de 2.4 millones de pesos, incluido el blindaje.

La institución argumentó que la compra no obedecía a razones de lujo o comodidad, sino de seguridad. Explicó que la anterior integración de la Corte había dejado un parque vehicular incompleto y que algunas de las unidades existentes ya no cumplían con condiciones mecánicas y de blindaje adecuadas.

La explicación no contuvo las críticas.

El 25 de enero, los nueve ministros anunciaron que no utilizarían las camionetas y solicitaron iniciar los procedimientos necesarios para devolverlas o reasignarlas a personas juzgadoras que enfrentaran mayores condiciones de riesgo.

Fuentes de la Suprema Corte confirmaron posteriormente a Así las Cosas PM que los vehículos terminaron siendo destinados a juzgadores considerados en situación de mayor riesgo.

Errores, diferencias y enfrentamientos

Los desacuerdos forman parte natural de la actividad de cualquier tribunal constitucional e incluso pueden contribuir a enriquecer las resoluciones y los criterios jurídicos.

Sin embargo, durante el primer año de la nueva integración de la Suprema Corte se han registrado desde errores operativos durante las sesiones hasta diferencias jurídicas que han derivado en confrontaciones personales visibles entre ministros.

Uno de los errores más notorios ocurrió el 15 de enero durante la votación de un asunto relacionado con el pago retroactivo de pensiones de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.

El recién designado secretario general de Acuerdos anunció inicialmente que el proyecto elaborado por el ministro presidente Hugo Aguilar había sido aprobado. El problema fue que los votos se habían contado incorrectamente: en realidad había cinco sufragios contra el proyecto y cuatro a favor.

La Corte detectó posteriormente el error, revisó el resultado en privado y realizó una rectificación formal de la votación.

Las ministras Estela Ríos y Lenia Batres también han sido blanco frecuente de cuestionamientos en redes sociales por errores en pronunciamientos, presentación de proyectos o emisión de votos. En el caso de Ríos, una de las críticas recurrentes se ha centrado en que acostumbra leer sus intervenciones directamente desde su teléfono celular.

Otro episodio ocurrió en febrero durante la discusión del caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

Aunque el Pleno coincidió en revocar el amparo que impedía ejecutar una orden de aprehensión en su contra, prácticamente todos los integrantes cuestionaron la metodología y distintas consideraciones del proyecto elaborado por Lenia Batres.

La conclusión terminó siendo respaldada, pero las objeciones fueron tantas que la argumentación originalmente planteada en el proyecto perdió prácticamente todo valor como precedente u orientación para casos futuros.

Una situación semejante se produjo el 3 de junio con otro proyecto de Batres relacionado con víctimas de delitos sexuales.

La propuesta fue finalmente aprobada por ocho votos, aunque varios ministros se apartaron de distintas consideraciones. Durante la sesión, Giovanni Figueroa insistió en que debía precisarse que difuminar la imagen de una víctima menor de edad no podía convertirse automáticamente en una regla general, mientras Batres defendió los alcances de su planteamiento.

El intercambio elevó progresivamente de tono hasta que la discusión fue cerrada.

Pero la confrontación más fuerte ocurrió el 13 de agosto durante el análisis de una contradicción de criterios en la que varios integrantes del Pleno objetaron aspectos centrales de otro proyecto elaborado por Batres.

La ministra respondió que no estaba escuchando argumentos jurídicos suficientes para justificar las objeciones y sugirió que la resistencia a su propuesta podía tener relación con su postura contraria al presupuesto de 2027.

Finalmente, Batres acusó a sus compañeros de mantener una “animadversión insana” hacia ella y decidió retirar el proyecto.

Yasmín Esquivel respondió a los señalamientos y pidió que la discusión se mantuviera exclusivamente dentro del terreno jurídico.

El “zapato sucio” del ministro

Entre las polémicas relacionadas directamente con la imagen de los ministros, una de las más comentadas ocurrió el 5 de febrero en Querétaro, cuando el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, se preparaba para ingresar a la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la Constitución.

Un video captado con un teléfono celular mostró el momento en que dos colaboradores se agacharon frente al ministro para limpiarle el calzado.

En las imágenes, Aguilar aparece con las manos dentro de los bolsillos mientras sus colaboradores limpian sus zapatos. La escena generó inmediatamente críticas y acusaciones de soberbia y servilismo, además de cuestionamientos sobre la contradicción que representaba frente al discurso de una nueva Corte que aseguraba haber dejado atrás los privilegios de sus integrantes.

Una de las funcionarias involucradas fue Amanda Pérez Bolaños, directora general de Comunicación Social de la SCJN.

La funcionaria explicó posteriormente que accidentalmente había derramado café en el piso y que algunas gotas alcanzaron el zapato del ministro, por lo que decidió limpiarlo.

Hugo Aguilar también dio su versión. Aseguró que el episodio lo tomó por sorpresa, que pidió a la funcionaria que dejara de hacerlo y posteriormente ofreció una disculpa pública por lo ocurrido.

Las funcionarias “influencers”

Las controversias durante este primer año tampoco han involucrado exclusivamente a los ministros.

La Suprema Corte ha tenido que enfrentar por lo menos dos episodios relacionados con funcionarias que utilizaron las instalaciones del máximo tribunal y parte de su jornada laboral para producir contenido destinado a redes sociales.

El primer caso fue el de Lizeth Karina Villeda García, quien había sido nombrada directora del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la nueva Corte.

En noviembre de 2025 se dio a conocer que utilizaba su oficina y horario laboral para grabar contenido personal relacionado con su actividad como “coach en liderazgo consciente”.

Villeda terminó presentando su renuncia el 15 de noviembre.

Meses después surgió un nuevo caso.

En mayo de 2026, dos abogadas adscritas a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo aparecieron en videos promocionales de una marca de botanas que habían sido grabados dentro de oficinas de la Suprema Corte.

En las imágenes, las trabajadoras recreaban escenas humorísticas relacionadas con sus actividades laborales y con sus superiores mientras exhibían y consumían los productos promocionados.

La Suprema Corte aseguró que ni la institución ni el ministro Espinosa habían autorizado las grabaciones, señaló que se trataba de contenido estrictamente personal y solicitó que los videos fueran retirados. Además, anunció el inicio de una revisión interna.

Las dos funcionarias presentaron inmediatamente después su renuncia irrevocable.