Caso Ernesto Ruffo Appel: Reanudan la audiencia privada por presunto huachicol fiscal
La tarde de este martes se reanudó, a puerta cerrada y vía videoconferencia, la audiencia inicial donde la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega determinará si vincula a proceso al exgobernador de Baja California
Minutos después de las 17:00 horas de este martes se reanudó, a puerta cerrada y mediante videoconferencia, la audiencia en la que se definirá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas son vinculados a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
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¿Por qué se reanudó la audiencia por huachicol fiscal?
La reserva de la audiencia fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el acceso quedó restringido al público y a los medios de comunicación.
Fuentes judiciales informaron que la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, declaró abierta la continuación de la diligencia, la cual se desarrolla de manera virtual.
Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada, señalado por la posible comisión del delito de huachicol fiscal.
¿Qué resolverá la jueza de control?
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal continúa con la exposición de los datos de prueba con los que busca acreditar la probable responsabilidad del exmandatario y de los demás imputados en delitos relacionados con el contrabando de combustibles y la defraudación fiscal, mientras que las defensas mantienen su estrategia para desvirtuar las imputaciones.
La resolución que emita la jueza determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a los otros siete acusados, quienes enfrentan una de las investigaciones más relevantes emprendidas por la FGR en materia de combate al llamado huachicol fiscal.
Al momento de este reporte, la audiencia continuaba en desarrollo y no se había dado a conocer la determinación de la autoridad judicial.
