Suspendenden a magistradas que frenaron extradición de ex gobernador de Tamaulipas
Las investigaciones apuntan a que el expediente del exgobernador estuvo “congelado” siete años, para luego ser resuelto en fast-track y con anomalías procesales en diciembre de 2025.
Las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho fueron suspendidas
El Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión magistradas federales que concedieron un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, recurso que frenó su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La medida fue aplicada a las magistradas Lourdes Guadalupe Ávila Tovías y Dulce Yanet Vega Camacho, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo con sede en Ciudad Victoria, luego de que se detectaran posibles irregularidades en la resolución emitida en diciembre de 2025.
Eugenio Hernandez Flores, ex gobernador del Tamaulipas
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¿Por qué ordenaron la suspensión de las magistradas?
De acuerdo con el órgano disciplinario, las juzgadoras habrían otorgado el amparo mediante resoluciones presuntamente contrarias a las constancias procesales, además de haber suplido de manera indebida deficiencias jurídicas dentro del expediente.
El tribunal también señaló que el caso permaneció sin actividad durante siete años y que, a inicios de diciembre del año pasado, las magistradas resolvieron un incidente de recusación sin que el expediente estuviera previamente listado para su discusión.
Eugenio Hernández Flores
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¿Qué consecuencias podría tener la investigación?
El magistrado presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino H León Tovar, advirtió que mantener a las funcionarias en sus cargos podría afectar la confianza en la impartición de justicia.
“La permanencia de las dos magistradas en el Tribunal Colegiado podría generar una grave afectación a la impartición de justicia, al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad en los juicios de amparo de su competencia”.
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Ante ello, la Comisión determinó separarlas de sus funciones mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas realiza la indagatoria correspondiente, la cual podría derivar en un procedimiento formal de responsabilidad y, en su caso, en sanciones conforme a la ley.