Rojo de la Vega vs Gobierno CDMX: ¿Quién permitió la demolición del edificio en San Antonio Abad?
En una revelación que contradice la versión oficial, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que su administración negó los permisos de demolición a la constructora por falta de seguridad
Tres trabajadores fallecidos en el colapso del edificio en Calzada Tlalpan a la altura de San Antonio Abad.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló directamente al Gobierno de la Ciudad de México como responsable del derrumbe del edificio de San Antonio Abad, donde tres personas perdieron la vida.
La funcionaria calificó de lamentables las declaraciones oficiales, acusando al Gobierno de la Ciudad de México de ocultar la verdad y de otorgar facilidades administrativas a empresas sin exigir los estudios mínimos de Protección Civil.
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¿Qué dijo la alcaldía sobre los permisos de demolición?
En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Rojo de la Vega aclaró que la empresa encargada de la obra solicitó permisos de demolición a la alcaldía el 26 de septiembre de 2025, los cuales fueron negados formalmente cuatro días después por no cumplir con los estándares de seguridad.
Ante ello, la constructora recurrió a la Comisión para la Reconstrucción, que depende del Gobierno de la Ciudad de México, la cual otorgó permisos de demolición el 20 de octubre de 2025, ignorando el rechazo previo de la autoridad local.
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¿Qué irregularidades señala la alcaldía Cuauhtémoc?
La alcaldesa detalló que la normativa vigente obliga a las empresas a notificar el inicio de los trabajos con tres días de antelación, un paso que la constructora omitió por completo. Tanto la Secretaría de Vivienda como la Comisión para la Reconstrucción debieron frenar las actividades ante esta falta, pero permitieron que la demolición continuara sin la supervisión debida del INVEA y de las autoridades de protección civil.
Desmintió al secretario de Vivienda, Inti Muñoz, sobre la existencia de una supuesta carta en la que la empresa deslindaba al gobierno de cualquier responsabilidad, pues ella posee los oficios originales que contradicen dicha versión y aseguró que la tragedia es resultado de acuerdos que facilitan obras peligrosas sin los programas preventivos necesarios.
Anunció la publicación de toda la documentación y evidencia técnica que demuestra las omisiones del gobierno central en este caso.