Cárcel hasta de 80 años a quienes incurran en actos de corrupción en el sector Salud
Legisladores del Partido Verde promueven la iniciativa.
Mayores penas a quienes incurran en actos de corrupción en el sector salud, pide PVEM.
Diputados del Partido Verde propusieron reformas legales para fortalecer el combate a los delitos de corrupción en el sector salud y establecer sanciones hasta de 80 años de cárcel a quienes incurran en este tipo de ilícitos.
Las iniciativas establecen de cincuenta a setenta años de prisión y de siete mil quinientos a quince mil días multa a quien robe, detenga, acapare, trafique, comercialice sin autorización, aplace la distribución sin justificación o haga mal uso de los medicamentos, vacunas o insumos del sector salud.
Además, de sesenta a ochenta años de prisión cuando se vincule a la muerte de una o más personas.
También se aplicará la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública.
En caso de enriquecimiento ilícito, se ordenará el decomiso de los bienes cuya procedencia no se acredite. Las sanciones se duplicarán cuando la víctima u el ofendido sea persona menor de edad, con discapacidad, adulta mayor o perteneciente a pueblos indígenas o afromexicanos.
Las propuestas de los legisladores del Partido Verde dejan claro que la corrupción en el sector salud no es un problema menor, sino una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas.
Por ello, es necesario que los delitos relacionados con la corrupción en este ámbito se traten con toda la fuerza del Estado y sanciones ejemplares para disuadir futuras conductas delictivas, y restaurar la confianza en las instituciones públicas.
En un comunicado, se resalta que actualmente, el Código Penal Federal contempla conductas por hechos de corrupción y tipos penales para castigarlos, pero se deben implementar penalidades ejemplares en el caso del sector salud.
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Por ejemplo, en el robo de medicamentos, el uso de fármacos caducos, la venta en el mercado negro, las malas prácticas médicas y personas que ejercen sin cédula profesional, son prácticas de corrupción cotidianas en el país, lo cual atenta contra el derecho humano de protección a la salud.
