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  • 25 MAY 2024, Actualizado 12:12

Testimonios, cuentas bancarias, registros de visitas… Las ocho pruebas claves del caso Zaldívar

Al ex ministro presidente de la Corte, se le acusa de haber ejercido presiones indebidas sobre jueces y magistrados para obtener resoluciones favorables a sus intereses políticos.

Las ocho pruebas clave de la investigación de la corte vs Zaldívar.

Las ocho pruebas clave de la investigación de la corte vs Zaldívar.

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Testimonios de empleados, jueces y magistrados intimidados; declaraciones patrimoniales de los últimos años; expedientes laborales de los implicados; registros de egresos e ingresos a los edificios de la judicatura; listas de promociones, ascensos y descensos…

Lo anterior forma parte de la lista de evidencias que se han propuesto recabar al Consejo de la Judicatura Federal para probar los posibles hechos de corrupción de los que se acusa al exministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y a varios de sus allegados.

La ruta de investigación fue incluída en la denuncia que el pasado 9 de abril se presentó en la Corte y el CJF y que detonó la apertura de la indagatoria ordenada por la ministra Norma Piña.

El documento del que Así las Cosas PM tiene copia no solo hace una amplia narración de la trama de corrupción, sino que además propone recolectar ocho tipos de evidencias para confirmar que todo lo reportado es verdad.

A continuación, se detallan algunos apartados centrales de la denuncia de 32 páginas, así como la lista evidencias propuestas por los denunciantes.

Scherer, Alpízar y “las reuniones”

Como se informó el viernes pasado a Zaldívar se le acusa de haber ejerció presiones indebidas sobre jueces y magistrados para obtener tanto resoluciones favorables a sus intereses políticos, así como múltiples beneficios económicos. Todo ello en el periodo de 2019 a 2022.

La denuncia enfatiza que esta trama corrupta se forjó a partir de la colaboración de Zaldívar con el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien -supuestamente- cabildeó políticamente para el exministro presidiera la Corte.

Se estableció un modus operandi donde asuntos que se consideraban de interés político o económico para los implicados, eran derivados a despachos cercanos al exconsejero jurídico.

Se detalla el paso a paso de cómo se operaban estos asuntos. El principal brazo operativo de los acuerdos entre Scherer y Zaldívar era Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex jefe de la oficina de la presidencia de la Corte y actual funcionario de la Secretaría de Gobernación. En resumidas cuentas, se señala a Alpízar de ejercer distintos tipos de coacción sobre operadores del sistema de justicia que estaban a cargo de los casos que interesaban de relevancia para los involucrados.

Uno de los puntos que se describen con mayor detalle, es la realización de reuniones en un rancho propiedad de Alpízar, así como en diversos restaurantes, con un “selecto” grupo de 18 jueces que estaban vinculados con casos relevantes en materia de delincuencia organizada, lavado de dinero o corrupción, y que eran de especial interés para el ejecutivo federal”.

A dichas reuniones (o convivencias “entre amigos” como se les conocía) se invitaba o presionaba a los juzgadores para que resolvieran en ciertos sentidos, a cambio de seguir perteneciendo al “grupo cercano” a la cúpula del Poder Judicial, lo que a la postre les generaría beneficios como ascensos o promociones.

En la página 14 de la denuncia se detallan los nombres de los asistentes a dichas reuniones. Cabe señalar que entre esos nombres figuran los de Jesús Delgadillo Padierna e Iván Zeferín que, como detallamos en Así las Cosas PM el pasado 12 de febrero, efectivamente recibieron ascensos a magistrados tras su involucramiento en casos como La Estafa Maestra o Cabeza de Vaca.

Netzai: cuotas y amparos

A esa trama de presiones y extorsiones, se suma una segunda que se recalca en la denuncia y tiene que ver con la del Instituto Federal de la Defensoría Pública que estuvo a cargo de Netzaí Sandoval, quien actualmente labora como jefe de ponencia de la ministra Lenia Batres.

Según el escrito, además de haber usado a los abogados de dicho instituto para privilegiar los casos de índole política o económica, se estableció un supuesto pago de cuotas para obtener plazas, que se materializaba exigiendo una fracción del sueldo a los beneficiados, o en algunos casos con la entrega de bonos y aguinaldos.

Lo anterior ocasionó la llegada de personal sin experiencia al instituto. Incluso se detalla que se creó una unidad de peritos que en realidad fue una fachada, pues la ocuparon personas sin la experiencia suficiente, cuya participación en procesos fue casi nula, pero que estaban comprometidas con los pagos corruptos.

De acuerdo con la denuncia, Netzaí Sandoval operó para que ningún defensor público federal participara en la tramitación de amparos relacionados con la falta de atención médica durante la pandemia sanitaria del COVID. Esto con la finalidad de no generar una percepción negativa para el gobierno federal, y que a su vez no se giraran instrucciones para su atención.

Y en contraparte, se impulsaba a los defensores a promover amparos notoriamente improcedentes solo con la finalidad de inflar las estadísticas de la defensoría y generar una percepción de que se impulsaba una defensa adecuada.

La ruta probatoria

En el escrito presentado ante el CJF, los denunciantes proponen a los investigadores la recopilación de ocho tipos de pruebas en específico que, aseguran, corroborarán cada uno de los aspectos denunciados en todo el escrito. Ello sumado a datos en fuentes abiertas (reportajes, libros, etc) que ya se han revelado en los últimos años.

La ruta de evidencias que se propone es la siguiente:

  • Recopilación de testimonios de todos los operadores del sistema de justicia que se mencionan para dar plena validez, de que los hechos ocurrieron tal como se ha narrado.
  • Los expedientes de los procesos en los que participaron los operadores señalados para verificar su intervención en esos asuntos y sentido de resoluciones.
  • Declaraciones patrimoniales y cuentas bancarias de todos los denunciados, con la finalidad de verificar la incongruencia entre sus ingresos con sus gastos y estilo de vida.
  • El expediente laboral de todos los implicados para verificar su historia laboral y movimientos realizados.
  • El registro de ingreso y egreso de los visitantes al edificio sede del CJF, y en especial de los que acudieron al piso 14.
  • El registro de ingreso al edificio del Instituto de la Defensoría Pública.
  • Documentos consistentes en la lista de personas propuestas para el CJF en 2021, y de las propuestas para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 2023.
  • Revisión de las adscripciones sucedidas entre 2019 y 2022 en los circuitos de CDMX, Estado de México, Guadalajara y Monterrey.

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