La Fiscalía General de la República apeló formalmente la decisión de un juez federal que el pasado 12 de marzo ordenó la cancelación de la investigación relacionada con la presunta concesión ilegal del Viaducto Bicentenario en favor de la empresa Aleática (antes OHL), tras considerar que las propias pruebas de los fiscales descartaban que hubiera existido un delito.

El escrito de apelación de la FGR de más de 40 páginas, al que tuvimos acceso en exclusiva, está firmado por la jefa de fiscales María Eugenia Castañón, y en el mismo se pide al tribunal federal que revise el caso que revierta la decisión del juez y que sí vincule a proceso a los exfuncionarios del estado de México y exdirectivos de OHL-Aleática implicados en el caso.

La fiscalía sostiene que el juez que revisó el caso, Daniel Ramírez Peña, emitió una resolución incongruente, indebida y hasta ilícita. ¿Por qué?

Recordemos que en la audiencia del 12 de marzo el juez consideró que si bien era una realidad que NO existió una concesión federal para la construcción del Viaducto Bicentenario sobre una vía federal, lo cierto es que el convenio de 2020 firmado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal (SICT) y el estado de México, que la propia FGR presentó como prueba, validó esa situación irregular.

El juez dijo que le parecía sorprendente como se había firmado ese convenio para reparar esa anomalía, pero que eso no le quitaba efectos jurídicos a este documento. Menos aun cuando la propia SICT en otro oficio validaba que, en efecto, en 1983 la federación sÍ delegó en el gobierno del estado de México una concesión para operar y mantener ese tramo. “Si esto es producto de una confabulación es algo que yo no puedo dar por hecho por un tema de presunción de inocencia”, dijo el juez.

Sobre este razonamiento la FGR acusa al juez de revolver y confundir conceptos como convenio, contrato y concesión. Sostiene que de ninguna manera ese convenio puede sustituir los efectos de una concesión federal que no existe y que, por el contrario, lo que hace es convalidar y confirmar una ilegalidad cometida desde varios años antes.

La fiscal Castañón advierte que el permiso o cesión que en 1983 hizo la federación en favor del estado de México es de un tramo distinto al que se construyó el Viaducto Bicentenario por lo que tampoco aplica ese argumento, cosa que el juez pasó por alto. Como también pasó por alto, según la FGR, que que el convenio de 2020 está firmado por un funcionario mexiquense que no lo era ya en ese momento y usurpó funciones.

En síntesis, la FGR sostiene que este convenio de 2020 no puede tener efecto retroactivo sobre un cúmulo de irregularidades que ya ocurrieron desde 2008 cuando se le adjudicó a OHL la construcción y operación del Viaducto Bicentenario. Por el contrario, es la confirmación de un delito: “Si el título de concesión original hubiera sido legalmente concedido, no se hubiera requerido diverso documento que convalidara su contenido”.

En ese contexto, la FGR dice que es claro que se cometió un delito de explotación ilegal de un bien de la nación, de usurpación de funciones, y por ende también de asociación delictuosa, y pode al tribunal federal que actúe en consecuencia contra los imputados.

¿Prosperará este recurso?

La FGR viene de una importante victoria en un recurso similar, luego de que un tribunal federal consideró procedente la apelación que presentaron por la suspensión del proceso abierto a Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados. Ello luego de que los magistrados consideraron que en un caso de esa naturaleza no es correcto concluir que el acuerdo reparatorio que firmó Alonso Ancira de forma automática beneficiaba a Lozoya.

No obstante, en este caso la FGR enfrenta una particularidad y es que la administración de Andrés López Obrador NO PARECE estar interesada en que este asunto prospere. De hecho, la SICT ha convalidado la operación a través del convenio de 2020 y de otra respuesta dada a la FGR y que ya presentamos en Así las Cosas PM.

Es decir: es un asunto en el que hay una ausencia al menos en términos jurídicos de la víctima que en este caso es la nación. La FGR está sola en el asunto. Veremos que sucede.