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  • 17 ABR 2024, Actualizado 00:30

Impulsan "Ley Ocaña" en CDMX, Edomex y Morelos

Basándose en el caso del actor Octavio Ocaña, este proyecto de ley propone sancionar a quienes difundan imágenes de víctimas de hechos de violencia

Impulsan "Ley Ocaña" en CDMX, Edomex y Morelos

Impulsan "Ley Ocaña" en CDMX, Edomex y Morelos / FOTO: Especial

Morelos

Acompañado de la familia del fallecido actor Octavio Ocaña, el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, Alejandro Martínez Bermúdez, dio a conocer la presentación de la Ley Ocaña para que se sancione a todas aquellas personas que difundan imágenes de víctimas de hechos de violencia.

La propuesta contempla reformar los Artículos 212 Quintus y 353 bis del Código Penal de esta entidad, para sancionar no solo a servidores públicos, sino también a ciudadanos que expongan fotos y videos de personas asesinadas, en medios de comunicación.

“Planteamos reformar el código penal para salvaguardar la dignidad y honra póstuma de las personas fallecidas y de sus familiares, así como prevenir el uso indebido de todo tipo de información relacionada con la investigación penal, en las circunstancias de la muerte o de las lesiones de estas que estas presentan”, dijo el legislador del Partido Morena.

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En conferencia de prensa, Bertha Pérez Ocaña, hermana del actor conocido por su papel de “Benito Rivers” en la serie de televisión Vecinos, destacó que Morelos será la tercera entidad donde se presentará este proyecto de ley que se elaboró en conjunto con la fundación Lex Pro Humanitas.

“Esto es en memoria de Octavio. Nosotros estamos seguros que se va a convertir en una ley que el día en el que ya no estemos en este mundo como familia de Octavio por lo menos vamos a dejar esto en memoria de él, porque también para nosotros es lograr ser la voz de muchas personas que no pueden llegar hasta aquí para una iniciativa y lograr que se convierta en una ley”, señaló Bertha Ocaña.

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En días pasados, la Ley Ocaña también fue presentada en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La iniciativa del legislador está basada en los casos del actor Octavio Ocaña y también en la Ley Ingrid, y pretende establecer la pena de prisión de tres a siete años y multa de setecientas a mil trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de cometerse el delito, a quienes filtren, difundan o publiquen información relacionada con un hecho delictivo y relacionada con una investigación penal, y además contemplar sanciones para particulares.

El Código considera actualmente a los servidores públicos que por su trabajo tengan acceso a la información de un hecho delictivo, por lo que la iniciativa incluye a los particulares al adicionar el artículo 253 Bis, para quienes, de incurrir en el ilícito, establece imponer de dos a seis años de prisión, una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización y la reparación integral del daño.

“¿Qué es lo que queremos hacer? Que en lugar de los tres mil 112 pesos que comprende la multa actualmente para servidores públicos a 31 122 pesos que pasemos ahora sí a penas que van hasta los 120 mil pesos en el caso de los servidores públicos, y también estamos incluyendo a los ciudadanos; es decir, a todas las personas, medios de comunicación, nota roja o quien lo haga sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen, impartan las instituciones públicas, privadas y sociales”, refirió el abogado Francisco Hernández.

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El diputado Martínez Bermúdez destacó que la iniciativa indica que este tipo de delitos son cometidos en la mayoría de los casos, de manera dolosa, buscando obtener una cantidad de dinero a cambio de “compartir” información que debe ser confidencial al formar parte de una investigación en proceso por las autoridades, por lo tanto la pena y la multa para quienes incurran en el ilícito, debe ser lo suficientemente significativa para que los delincuentes eviten incurrir en este tipo de prácticas y que de hacerlo, se garantice un efectivo acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a las víctimas.

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