Empresa de seguridad de INM en Ciudad Juárez cayó en irregularidades

México

Si hubo irregularidades de la empresa encargada de seguridad en el centro del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, reveló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al señalar que la instrucción presidencial es atender a los heridos y afectados por el incendio provocado la noche del pasado lunes, la funcionaria destacó que se inició el proceso para revocar el contrato del “Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V”.

Rosa Icela Rodríguez mencionó que se identificaron a los socios David Vicente Salazar Gasca y George Mcphall Trouyet, así como representantes y apoderados y representantes legales.

“El contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República, la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas, y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal, por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”, destacó la secretaria.

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Tras el retiro del permiso se dará servicio de protección federal con 48 elementos, indicó la funcionaria, sólo en Chihuahua se iniciará el proceso para reparar el daño por las víctimas.

“Se iniciará un proceso para la reparación del daño a los familiares de las víctimas, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas, por tanto, se abrirá un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda del gobierno mexicano a las familias afectadas”, afirmó Rosa Icela Rodríguez.

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Las investigaciones para esclarecer esta tragedia llegarán hasta donde topen sin importar jerarquías de cualquier funcionario involucrado, aseveró la titular de la SSPC.

“La investigación, reitero, está a cargo de la Fiscalía General de la República, y del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades, sin importar quien sea, repito, no habrá impunidad, lo digo de manera más coloquial, hasta donde tope”, manifestó la funcionaria.

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Por su parte, la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, puntualizó que sólo falta por cumplimentar una orden de aprehensión de las seis giradas en contra de elementos de seguridad involucrados en estos hechos.

“Se concedieron seis ordenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAMI, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio, ordenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, con dolo eventual, y por el delito de lesiones en contra de 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”, detalló la fiscal.

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“La investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del INM, para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que lo norma, para decirlo con toda claridad, cuáles son sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles”, aseguró Sara Irene Herrerías.

Se quieren tener todas las bases para sustentar las órdenes y respetar el debido proceso, enfatizó la secretaria, y es necesario revisar las estancias para evitar que los hechos se repitan en algún otro lugar.

La funcionaria expuso que el gobierno de Estados Unidos ofreció su apoyo para una mayor atención, sin embargo, los especialistas recomiendan no mover a las personas internadas para evitar algún riesgo ante la gravedad de su situación.