CASO GARCIA LUNA. Hay elementos para sostener "imperó un narcoestado en gobierno de Calderón"

México

Consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador que existen los elementos necesarios para sostener que, durante el gobierno de Felipe Calderón, en donde se emprendió una guerra contra los cárteles, imperó un narcoestado.

En la mañanera desde el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional, el antes conocido como “bunker” construido por el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, el Primer Mandatario afirmó que dicha administración fue violatoria desde el principio debido a que fue “espurio” producto de un fraude.

“Yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un ‘Narco Estado’, porque fue un gobierno de principio a fin violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, espurio, no hay que olvidar los antecedentes, a Calderón lo impusieron”.

Un fraude que dijo, fue orquestado y donde participaron Vicente Fox, medios de información y las cúpulas empresariales. Posteriormente fue Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien detalló el esquema de las empresas encabezadas por García Luna y con las que se tuvo alrededor de 30 contratos y se envió dinero de México a Florida, Estados Unidos y Barbados. Explicó que de 2006 a 2012 se suscribieron 10 contratos por 316.6 millones de dólares.

“12 entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado García Luna por un monto total de 316 millones 675 mil 995 dólares, ninguno de esos contratos fue sometido a licitación alguna y casi todos fueron contratados con empresas extranjeras aunque esas empresas extranjeras formaban parte de una trama de corrupción dirigida por García Luna”.

Dijo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se suscribieron contratos con las mismas empresas NUNVAK Technologies Inc, Nice Systems Ltd y Glac Security Consulting Technology Risk Management SC por 410.1 millones de dólares. Explicó que García Luna no sólo intervenía en los contratos sino que tiene inversión en ellas e incluso dijo la dueña de Glac Security es Cristina Pereyra, esposa del ex titular de seguridad a quien ya se investiga y contra quien se solicitó junto a otras personas, órdenes de aprehensión.

“El único testigo de descargo o la única testigo de descargo de García Luna fue su propia esposa para dar un testimonio enteramente falso, ella está denunciada por el gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos al igual que varios familiares que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de García Luna y de la secretaría de gobernación en la época de Osorio Chong… claro no solamente están denunciados están abiertas las carpetas de investigación, hemos estado insistiendo a la fiscalía que es necesaria la solicitud de liberación de órdenes de aprehensión”.

Dijo que corresponderá a la Fiscalía General de la República seguir el proceso de dichas órdenes y continuar con la investigación, lo mismo que determinar si existe alguna irregularidad por 160 mil pesos que el Partido Acción Nacional entregó en 2015 con una empresa ligada también a García Luna.

“Yo no estoy diciendo que hay de seguro un delito, en este caso existe una relación económica no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta que es lo fundamental, hubo una relación financiera concreta, ¿qué significado tiene? El Fiscal que tiene toda la información, es quien tiene que hacer la investigación”.

Por cierto que en el caso de Cristina Pereyra mencionó que por ahora ella administra actualmente cuatro departamentos con un valor de alrededor de 3 millones de dólares, ubicados en Florida en lugar donde llegó García Luna financiado por 10 millones dólares entregados por Nunvak y donde el gobierno federal interpuso una denuncia para la recuperación de los bienes que fueron adquiridos por el dinero que se obtuvo del erario público.