Delincuencia juvenil. Alerta juez de creciente incidencia de delitos entre adolescentes

Ciudad de México

El impartidor de justicia recordó que la legislación penal en materia de adolescentes dispone los parámetros de internamiento a aquellos jóvenes que cometen un delito, pero puntualizó que como impartidores de justicia están facultados por la ley para imponerles mecanismos de carácter socio-educativo, ya que ese es el perfil del sistema que rige para ese sector de la población.

Asimismo González Estrada destacó que el internamiento es el último recurso en el sistema de justicia penal para adolescentes, en el que se busca, como un factor importante, la reintegración social y familiar, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal para los adultos, donde priva la pena de prisión.

Explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) establece tres grupos de edad: grupo 1, mayores de 12 años y menores de 14; grupo 2, mayores de 14 y menores de 16, y grupo 3, mayores de 16 y menores de 18.

González Estrada subrayó que sólo a los mayores de 14 años se les puede imponer una medida de internamiento, de acuerdo al artículo 18 constitucional en su párrafo cuarto, ya que a los menores de esa edad se les considera niños, y que por lo tanto no sujetos al sistema de justicia penal para adolescentes, de acuerdo al artículo quinto de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El impartidor de justicia local también explicó que la LNSIJPA señala que a los menores de edad del grupo 2, de cometer un delito que amerite sanción de internamiento, se les puede imponer máximo 3 años, mientras que a los del grupo 3, máximo 5 años.

Comentó sobre la importancia del entorno familiar de los adolescentes, así como de la situación social actual en la que se refleja mucha violencia, lo cual influye en la conducta de los jóvenes.

Se refirió al sistema de justicia para adolescentes en el PJCDMX, y subrayó que está compuesto por jueces y magistrados especializados todos con un alto conocimiento de tratados internacionales en la materia, aspectos constitucionales y temas de derechos humanos.