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  • 25 ABR 2024, Actualizado 06:46

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W Radio. Formaliza AMLO solicitud de investigación contra juez Gómez Fierro

Solicitó que el Consejo de la Judicatura, lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez

Formaliza AMLO solicitud de investigación contra juez Gómez Fierro

Formaliza AMLO solicitud de investigación contra juez Gómez Fierro / W Radio (Cuartoscuro)

México

El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón y pidió ya formalmente al Poder Judicial investigar la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó “de manera veloz” un amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada un día antes de que se emitiera dicho fallo del impartidor de justicia.

En conferencia de prensa, consideró muy sospechosa esa rapidez con la que se dio la suspensión temporal de las nuevas disposiciones legales, por lo que en ejercicio de sus facultades, envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, para solicitar una revisión del caso y determinar si a dicho juez le correspondía resolver sobre este asunto.

Molesto por lo que supone un acto de corrupción al interior del poder judicial, dijo que no es una amenaza pero recordó que antes los jueces resolvían siempre a favor de las grandes empresas con las que estaban coludidos y este puede ser también un asunto similar.

“Solicitó que el Consejo de la Judicatura, lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. ¿Entonces esta investigación es un mensaje para que los jueces lo piensen dos veces antes de otorgar un amparo?- No, no, no, porque van a decir que estamos amenazando, no, es ventilar los asuntos públicos”.

López Obrador acusó a los medios de comunicación que tienen una línea editorial “pro empresarial” sobre todo a los principales diarios del país y a nivel internacional, de seguirle el juego a las grandes corporaciones a las que no les gustó la reforma eléctrica, porque ya no hay transas y corruptelas para saquear al país.

De hecho, dijo que uno de los que están en contra de dicha reforma, es el empresario Claudio X. González quien es beneficiario de las privatizaciones e impulsor de los contratos irregulares que favorecían a las empresas nacionales y extranjeras en detrimento de los intereses del pueblo de México.

Y ya encarrerado arremetió también contra el ministro de la Corte en retiro, José Ramón Cossio, a quien mandó investigar para conocer la razón de su postura conservadora y de estar a favor de las empresas energéticas, y no solo eso, lo acusó de haber participado en fallos a favor de los poderosos y en contra del pueblo.

Incluso, citó casos como el de la Guardería ABC en el que favoreció a los familiares del entonces presidente Felipe Calderón y en contra los padres de los pequeños severamente afectados, del caso Atenco, donde se exculpo de violaciones a derechos humanos del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, así como otros casos en los que su actuación dejó mucho que desear y ahora se presenta como paladín de la justicia.

“Le pedí a un servidor público de la Presidencia que hiciera una revisión sobre la participación del ministro Cossio cuando estuvo en funciones, tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, Y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia, porque siempre manejan, y esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, el doble discurso, una doble moral”.

Por cierto que el ministro en retiro, José Ramón Cossio respondió en un mensaje en redes sociales que le preocupa la incomprensión de López Obrador sobre el Estado de Derecho y sus afirmaciones parciales y descontextualizadas sobre su persona., dijo que los jueces son los garantes finales de la Constitución.

El presidente López Obrador, dijo que impulsará una iniciativa de ley para hacer públicos los expedientes de los funcionarios del gobierno involucrados en casos de corrupción, es decir, eliminar la secrecía y el sigilo que ordena actualmente la ley para no violar el debido proceso a los inculpados, siempre y cuando sean servidores públicos no del sector privado.

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