SHCP México. Rechaza Hacienda imputaciones de abogados estadounidenses

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó que haya restringido los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo, esto ante los señalamientos hechos por la Barra Americana de Abogados sobre que el Gobierno de México debe respetar el Estado de Derecho de los contribuyentes que enfrentan juicios tributarios.

“El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal”, señaló la dependencia mediante un comunicado.

Hacienda aseguró que promueve las funciones de abogados que asesoran a contribuyentes y destacó que son necesarios para fortalecer el estado de Derecho y además reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el estado de Derecho”, indicó.

También resaltó que la Procuraduría Fiscal no amenaza y que los contribuyentes pueden solicitar acuerdos reparatorios.

“La Procuraduría Fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez. Si algún contribuyente, imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal, propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la Procuraduría Fiscal valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos”, señaló en el comunicado.

Y es que el pasado martes 20 de octubre, abogados estadounidenses denunciaron amenazas y presiones del SAT y la Procuraduría Fiscal a deudores del fisco que han buscado asesoría jurídica para resolver su situación.

La Barra de Abogados de Estados Unidos condenó dichas acciones y las calificó como un impedimento para que los contribuyentes tengan acceso a la justicia y a un juicio justo y detalló que las autoridades mexicanas violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de México.