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  • 18 ABR 2024, Actualizado 22:25

CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS. Rechaza PRD propuestas de reforma en materia de justicia penal

Violan los derechos fundamentales de las personas indiciadas y de las víctimas.

Rechaza PRD propuestas de reforma en materia de justicia penal

Rechaza PRD propuestas de reforma en materia de justicia penal / FOTO: Especial

México

Las iniciativas de reforma en materia de justicia penal que proponen el Ejecutivo y la Fiscal General de la República, no sólo violan los derechos fundamentales de las personas indiciadas y de las víctimas, también resultan contrarias a la presunción de inocencia y el debido proceso, aseguran diputados federales del PRD.

Además, vulneran los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte, por ello, los legisladores perredistas consideraron positivo que se haya pospuesto su envió al Congreso de la Unión, y demandaron una revisión a fondo para corregirlas.

Y es que, en opinión de los diputados del partido del sol azteca, las iniciativas pretenden reformar la Constitución, la emisión de tres nuevas leyes (Código Nacional Penal, nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Nacional de Justicia Cívica) y por lo menos reformas a seis ordenamientos más.

Resaltaron que esos proyectos de iniciativas crean un súper Ministerio Público que podrá actuar sin vigilancia judicial alguna, pues podrá realizar cateos, intervención de comunicaciones telefónicas y decretar arraigos. Desmantelan el recién implementado sistema de justicia penal acusatorio, sin ninguna evaluación de sus resultados.

Proponen la figura de los jueces y magistrados en materia de responsabilidad penal, es decir "megajueces" que actuarán como policías de los impartidores de justicia, ya que procesarán a los jueces y magistrados por la presunta comisión de delitos.

Los legisladores del PRD sostuvieron que esas iniciativas limitan los derechos procesales de los imputados al no otorgarles el acceso pleno a la carpeta de investigación y abre la posibilidad de que las pruebas obtenidas por medios ilícitos, como tortura y otros, sean tomadas en consideración y valoradas en el juicio, violando con ello todos los preceptos internacionales en la materia.

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