El Gobierno de la República considera necesario contar con un marco jurídico en materia de seguridad interior

A fin de poder hacer frente a los desafíos que plantea la seguridad interior en distintas zonas del país, el Gobierno de la República considera importante que el Poder Legislativo dote de un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las fuerzas armadas, y fortalezca las respuestas para garantizar a la ciudadanía la seguridad que demanda, especialmente ante los efectos negativos que plantea la delincuencia organizada en algunos lugares.

En ese sentido, el marco normativo que se discute actualmente en el Senado de la República, y que en su momento fue considerado por la Cámara de Diputados, busca reglamentar y limitar la temporalidad de las operaciones de auxilio a cargo de las fuerzas armadas, lo que a su vez permitirá fortalecer los esfuerzos para avanzar en el reforzamiento de los cuerpos policiacos locales a fin de que cumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad pública.

El Gobierno de la República ha dado seguimiento a los debates generados en las sedes legislativas y que han contado con diversas fuerzas políticas y sociales dentro del país, las cuales han generado modificaciones para garantizar el cumplimiento del marco constitucional en su aplicación.

De esa forma, el proyecto de ley, además de dejar clara la importancia del respeto a los derechos humanos, facilitará las respuestas a nivel local y federal, asegurando que el papel de las fuerzas armadas sea acotado a aquellas situaciones en las que sea absolutamente indispensable, a través de procedimientos claros que se prevén en el proyecto de ley.

El Gobierno de la República destaca su pleno y firme apoyo a dicho proyecto de ley, al tiempo que reconoce el papel de las fuerzas armadas en la protección a la población en distintas zonas, sin cuya presencia su seguridad se vería seriamente afectada.

Asimismo, y ante distintos pronunciamientos de mecanismos de derechos humanos, el gobierno de México ha buscado privilegiar la comunicación y remisión de información sobre la iniciativa de ley – como lo ilustra la carta que se anexa al presente comunicado – incluyendo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Así, se ha reiterado que en la aplicación de legislación en la materia, necesariamente deberá regir lo dispuesto en el artículo primero constitucional y otras disposiciones fundamentales nuestra Carta Magna, incluyendo el imperativo de promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas.

El gobierno de la República ratifica su compromiso para continuar el diálogo y la cooperación con las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, así como con los actores interesados y la sociedad civil en su conjunto.