El caso Tlatlaya podría quedar impune, advierten OSC

Ciudad de México

Desde octubre del año pasado, la justicia militar había exonerado a 7 de los 8 militares presuntamente relacionados con el caso Tlatlaya. Sin embargo, la falta de acceso al expediente por parte de las víctimas colaterales del operativo militar de junio de 2014 en el Estado de México donde murieron 22 civiles, impidió que esto saliera a la luz pública.

Así lo indicaron organizaciones sociales como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humano de la Montaña, Tlachinollan, quienes acusaron que la sentencia absolutoria que decretó el juez Sexto Militar adscrito a la Primera región Militar, Coronel de Justicia Manuel Javier Francisco, encamina el caso a quedar impune.

Y es que, pese a recomendaciones de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acusa la ejecución extrajudicial cometida por soldados contra por lo menos 15 personas en estos hechos, sigue sin reconocerse como víctimas a familiares de los asesinados, entre ellos Clara Gómez, madre de Érika, una adolescente qué perdió la vida aquel 30 de junio.

Al respecto, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre indicó:

"Clara interpuso un juicio de amparo, señalando que no se le estaba reconociendo esa calidad, pero además argumentando que el fuero militar no debería conocer de los hechos… Aunque la CNDH clasificó los hechos como violaciones graves y eso implica que en principio debería permitir un acceso más amplio al expediente, lo real es que ni siquiera a Clara como víctima se le ha permitido conocer íntegramente el expediente de cumplimiento de la recomendación".

Debido a la opacidad en el caso se promovió este recurso jurídico por la defensa de Clara, y a través del acceso parcial que se otorgó al expediente, se conoció también que solo a uno de los acusados, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, se le sentenció a un año por el delito de Desobediencia, pena que ya cumplió.

En tanto, la representación de Gómez González, sigue sin ver atendida su solicitud de llamar a declarar a mandos castrenses ante la Procuraduría General de la República en torno a Tlatlaya: "Estamos haciendo público que tenemos 9 meses esperando que a PGR acceda a citar a los mandos de abatir delincuentes en horas de oscuridad, siendo que a PGR no ha querido ni siquiera citarlos".

Cabe señalar que tres militares permanecen recluidos en el Campo Militar 1 de Naucalpan de Juárez; ellos son Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo, mientras sigue abierto su proceso en el ámbito civil por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso.

Dentro de la causa penal 81/2014 radicada en el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ya habían sido absueltos en octubre de 2015 cuatro elementos del Ejército que en su momento fueron aprehendidos bajo el supuesto del delito de ejercicio indebido del servicio público.